La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Rodríguez Rodríguez, expresó el rechazo unánime del Poder Judicial a la amenaza de un «bloqueo naval» por parte del gobierno de Estados Unidos. La máxima autoridad judicial calificó la medida como una acción temeraria y una grave amenaza contra la República Bolivariana de Venezuela, alineándose así con la postura del pueblo y otras instituciones del Estado.
Tras la lectura de un comunicado oficial, la magistrada Rodríguez caracterizó la imposición del supuesto bloqueo como un atentado directo contra la soberanía nacional. Asimismo, lo tipificó como una nueva y aberrante violación no solo de la Constitución Bolivariana y las leyes de la república, sino también de los principios fundamentales del derecho internacional.
«Hoy denunciamos y hacemos un llamado a unir esfuerzos para devolver y mantener los valores éticos y jurídicos como los instrumentos de paz, soberanía e igualdad entre los pueblos del mundo», afirmó la Presidenta del TSJ durante su declaración. Este llamado subraya la voluntad de la institución de situar el derecho como herramienta central de defensa.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el marco jurídico nacional e internacional, el Tribunal Supremo de Justicia manifestó su respaldo explícito a la soberanía plena de Venezuela sobre sus riquezas naturales. La institución reafirmó el derecho irrenunciable del Estado venezolano a la libre navegación y al libre comercio, principios considerados pilares de la convivencia internacional.
Adicionalmente, el máximo órgano del Poder Judicial ratificó su apoyo inquebrantable a la defensa de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de la nación. La magistrada Rodríguez puntualizó que desde el TSJ se «levanta la voz para reafirmar nuestro compromiso con la vida y el derecho a transitar libremente el camino de la paz».
Finalmente, la declaración del Tribunal Supremo de Justicia consolida una posición institucional unificada del Estado venezolano frente a lo que percibe como una escalada de presiones externas. La postura judicial busca dotar de un sólido fundamento legal a la respuesta nacional, presentando la defensa de la soberanía no solo como un acto político, sino como un imperativo constitucional y jurídico.
T/RNV