El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció que Estados Unidos (EE. UU.), bajo la administración de Donald Trump, cometió graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) al asegurar haber atacado y hundido una embarcación en aguas internacionales. Este hecho habría resultado, según anunciaron, en la muerte de once personas, constituyendo una acción que contraviene principios fundamentales de las leyes internacionales.
El dirigente político enfatizó que el anuncio de esta operación por parte del gobierno estadounidense ignora por completo el derecho a la vida y el debido proceso. Subrayó que, de existir sospechas de delitos, el protocolo internacional exige la captura, detención y juicio de los presuntos responsables, no la ejecución sumaria. Esta acción, afirmó, representa una aplicación ilegítima de la pena de muerte en el mar.
Entre los instrumentos jurídicos vulnerados, Cabello citó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Este tratado prohíbe expresamente el hundimiento de embarcaciones civiles en alta mar, excepto en casos muy específicos como piratería o trata de esclavos, circunstancias que no se dieron en este evento.
Asimismo, se señaló la violación de la Convención de Viena de 1988 sobre narcotráfico, que establece lineamientos de cooperación para el abordaje y arresto. La acción también contravendría el artículo 51 de la Carta de la ONU, que solo autoriza el uso de la fuerza letal en casos de legítima defensa, justificación que no existiría aquí.
Agregó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ignorado, al no garantizar el derecho a la vida ni el acceso a un juicio justo. “Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza aplicar la pena de muerte en el mar”, expresó.
El dirigente venezolano argumentó que incluso la legislación interna de Estados Unidos fue ignorada. Hizo referencia a la Maritime Drug Law Enforcement Act, que prevé la detención y presentación ante tribunales, y a la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso. También mencionó la War Powers Resolution, que requiere autorización del Congreso para operaciones militares exteriores.
Para contrastar la operación estadounidense, el funcionario destacó una reciente cooperación exitosa entre Venezuela, Francia y Países Bajos. El pasado 30 de mayo de 2025, una operación conjunta resultó en la incautación de 780 kilos de cocaína y la detención de los sospechosos, demostrando que es posible combatir el narcotráfico respetando el marco legal.
Finalmente, cuestionó la falta de transparencia de la Casa Blanca, que no proporcionó detalles sobre cómo se identificó la embarcación, su carga o la nacionalidad de sus ocupantes. La denuncia compara el caso con las ejecuciones extrajudiciales investigadas en la guerra contra las drogas de Filipinas, situando el hecho en un patrón de violaciones de derechos humanos.
“Literalmente derribaron una embarcación que transportaba una gran cantidad de droga… Pero la Casa Blanca no explicó cómo fue que las Fuerzas Navales norteamericanas determinaron que la embarcación procedía de territorio venezolano, cargada de droga, ni qué procedimiento se empleó para identificar el ‘cártel’ a cargo del traslado, ni las nacionalidades de los que iban a bordo de la lancha”, concluyó.
T/RNV