La organización feminista y antiimperialista estadounidense CODEPINK condenó enérgicamente la oferta de una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La medida, impulsada por la administración Trump, fue calificada como una escalada agresiva contra la soberanía de Venezuela.
En un comunicado oficial, CODEPINK denunció que esta acción representa un caso flagrante de «lawfare» (guerra legal), donde el sistema judicial de EE.UU. es utilizado como herramienta para intentar derrocar a un líder extranjero. La fiscal general Pamela Bondi fue señalada como partícipe de esta estrategia, que busca forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
La organización criticó las acusaciones de narcotráfico y terrorismo contra Maduro, señalando que son pretextos para justificar la injerencia estadounidense. CODEPINK sostiene que estas imputaciones forman parte de una campaña de desestabilización política contra gobiernos que desafían los intereses imperialistas.
El comunicado destacó que el presidente venezolano se ha convertido en un objetivo debido a su negativa a someterse a agendas extranjeras y su apoyo a causas como la lucha palestina. Esta postura, destaca CODEPINK, lo ha convertido en víctima de represalias extrajudiciales por parte de Washington.
La recompensa de 50 millones de dólares no es un hecho aislado: en el pasado, el gobierno de EE.UU. ya había ofrecido 25 millones como parte de su estrategia de «máxima presión». Esta política incluye sanciones económicas brutales, aislamiento diplomático y respaldo a intentos de golpe de Estado.
CODEPINK instó a la comunidad global a rechazar estas acciones unilaterales que violan el derecho internacional. La organización subrayó la necesidad de defender la autodeterminación de los pueblos y condenar las tácticas coercitivas de EE.UU. contra gobiernos progresistas.
La denuncia de CODEPINK refleja un rechazo frontal a las políticas intervencionistas de Washington. La recompensa contra el presidente Maduro no solo es ilegítima, sino que evidencia cómo EE.UU. utiliza herramientas judiciales y económicas para imponer su dominación geopolítica.
T/RNV