Hace siete años, el 4 de agosto de 2018, se perpetró un grave ataque terrorista contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto conmemorativo del 81° aniversario de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar de Caracas. Según las investigaciones, grupos fascistas y de ultraderecha, tanto nacionales como extranjeros, planificaron el ataque utilizando dos drones cargados con explosivos C-4. Sin embargo, el intento de magnicidio fracasó gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y la colaboración ciudadana, que permitió la captura de varios implicados.
Las confesiones de los detenidos señalan al líder opositor Julio Borges, actualmente exiliado en España, como uno de los principales autores intelectuales. También se ha vinculado a altos funcionarios del gobierno colombiano de ese entonces, incluyendo al expresidente Juan Manuel Santos, así como a sectores de la extrema derecha venezolana. Además, se identificó financiamiento proveniente de Estados Unidos y Colombia, con personas como Osman Alexis Delgado Tabosky (radicado en EE. UU.) y los exmilitares Rayder Russo y Oswaldo García Palomo (en Colombia).
Los drones utilizados (modelo M600) fueron adquiridos en EE. UU., transportados a Colombia y manipulados por operadores entrenados en Chinácota. Uno de los artefactos explotó cerca de un desfile militar, hiriendo a varios efectivos, mientras que el otro detonó cerca de un edificio residencial sin causar víctimas mortales. Ambos fueron desviados por los sistemas de defensa venezolanos.
Detenciones y avances en la investigación
Tras el atentado, las autoridades venezolanas capturaron a múltiples sospechosos, entre ellos los pilotos de los drones, Argenis Valero y Juan Carlos Monasterios, así como cómplices como José Eloy Rivas. En los días siguientes, se detuvo a otros implicados, incluyendo exmilitares y civiles vinculados a partidos opositores como Primero Justicia.
En octubre de 2018, el entonces ministro Jorge Rodríguez afirmó que Julio Borges habría financiado parte de la operación, mientras que el exdiputado Juan Requesens admitió su participación en un video testimonial. Meses después, en enero de 2019, fue arrestado el coronel retirado Oswaldo García Palomo, acusado de estar involucrado en la trama.
Implicaciones internacionales
Las autoridades venezolanas han denunciado la participación de figuras como la exfiscal Luisa Ortega Díaz, el exministro Rafael Ramírez y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, además de supuestos vínculos con gobiernos de Colombia, Chile y México. Un documental titulado “Crónica de un magnicidio frustrado”, difundido en diciembre de 2018, recopiló testimonios e imágenes inéditas del ataque.
A siete años del suceso, el gobierno venezolano mantiene su reclamo de justicia internacional contra los responsables, muchos de los cuales permanecen en el extranjero.
T/RNV