El 4 de agosto de 2018, se perpetró un intento de magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando drones cargados con explosivos fueron detonados en la avenida Bolívar de Caracas, durante una alocución del mandario en pleno acto conmemorativo del 81º aniversario de la Guardia Nacional. El ataque, frustrado por las fuerzas de seguridad, dejó heridos entre efectivos militares pero no logró su objetivo principal.
Investigaciones revelaron que los mercenarios responsables fueron financiados y entrenados en Colombia y EE.UU., utilizando drones M600 comprados en Estados Unidos y cargados con explosivos C-4. Los autores materiales fueron capturados, y sus declaraciones señalaron al dirigente opositor Julio Borges como autor intelectual.
Además, se vinculó a funcionarios del gobierno colombiano bajo el mandato de Iván Duque y Juan Manuel Santos, así como a grupos de ultraderecha venezolana, en la planificación del atentado. Entre los financistas identificados figuran Rayder Russo, Oswaldo García Palomo (Colombia) y Osman Delgado Tabosky (EE.UU.).
En 2021, nuevas pruebas conectaron a Juan Guaidó y a Antonino Intriago—jefe de la empresa CTU Security LLC—con los mercenarios colombianos involucrados. Esta misma empresa estuvo ligada al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, reforzando los vínculos entre grupos de la ultraderecha opositora y operaciones violentas en la región.
El ataque, denominado «Operación Yunque-Martillo», expuso una red internacional de conspiración contra el gobierno venezolano. A pesar de las acusaciones, los implicados siguen bajo protección en el exterior, mientras Venezuela exige justicia por este grave atentado terrorista.
T/RNV