Álvaro Uribe condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude y soborno

En un fallo histórico, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La sentencia, emitida este viernes por la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal de Bogotá, marca un hito en la justicia colombiana, ya que Uribe se convierte en el primer exmandatario del país en recibir una condena penal.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de más de 3.400 millones de pesos (unos 822.000 dólares) y lo inhabilitó por más de ocho años para ejercer derechos y funciones públicas. La decisión supera incluso las expectativas iniciales, pues se especulaba con una condena de 9 años, pero finalmente se determinó una pena mayor.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado cuando se descubrió que Uribe y su abogado, Diego Cadena, intentaron sobornar y manipular a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve para alterar sus testimonios.

La jueza Heredia señaló que las pruebas demostraron que Uribe y su equipo jurídico buscaron torcer el curso de la justicia, lo que llevó a que el senador Cepeda terminara siendo reconocido como víctima en el proceso. Este veredicto refuerza la lucha contra la impunidad en casos de corrupción y abuso de poder en Colombia.

La defensa de Uribe ya anunció que apelará la sentencia el próximo 11 de agosto, por lo que el caso podría extenderse por meses o incluso años. Mientras tanto, el expresidente deberá cumplir su condena bajo arresto domiciliario, un escenario impensable para una figura que dominó la política colombiana durante décadas.

Este fallo no solo impacta la carrera de Uribe, sino que también envía un mensaje contundente sobre la independencia judicial en Colombia. La condena a un expresidente por delitos de corrupción sienta un precedente clave en un país con una larga historia de impunidad en altas esferas del poder.

T/RNV