Aurora Morales, presidenta del CLEM, entrevistada en el canal privado Televen, señaló que la denuncia se sustenta en lo establecido en el artículo 70, numeral 11, de la Constitución de Miranda, en el que se refiere que parte de sus atribuciones es garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes de este espacio territorial.
Contrario a sus deberes y atribuciones, el gobernador de la entidad se ha dedicado a convocar movilizaciones dentro y fuera de su jurisdicción, aún sin poseer la permisología, irrespetar los cuerpos de seguridad y hacer llamados a la violencia.
Reiteró que la denuncia está centrada en la “promoción e incitación a la violencia de un funcionario público que tiene la atribución, el deber y la obligación de garantizar la estabilidad, porque para eso es la suprema autoridad ciudadana del estado”.
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