El internacionalista Francisco González afirmó que la Ley Infame es un tecnicismo de la extrema derecha de la cámara baja de los Estados Unidos, para sumar una más a las medidas coercitivas unilaterales en contra del Gobierno de Venezuela; un proyecto que irá al Senado, para su aprobación en los próximos meses y que se realiza en el gobierno de Joe Biden.
González explicó que es una propuesta con propaganda llena de detalles técnicos que tiene que ver con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y las licencias petroleras, que contiene dos artículos, con vacíos legales: uno que prohíbe a empresas transar con Venezuela sin pena de ser sancionados y otro que establece que el Departamento de Estado podrá hacer excepciones.
En la lectura exacta del artículo, refiere que «la prohibición contenida sobre el inciso A no aplica a una persona que tenga licencia válida para operar en Venezuela emitida por OFAC», donde el internacionalista percibe esta ambigüedad legal como una salida «para que sea el ejecutivo quien opine sobre el tema de las licencias y no el senado».
En el caso de la misión diplomática, la Ley relata la «prohibición del contenido sobre el inciso A que no se aplica a los contratos relacionados con la operación y mantenimientos de las oficinas y consulados del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela», es decir, si mejoran las relaciones entre ambos países, seguirán aplicándose las sanciones en materia energética por estos detalles dentro de la Ley.
El internacionalista exaltó que, se apruebe o no esta ley, la respuesta del Ejecutivo Nacional venezolano debe ser contundente y en «términos contra las sanciones y las medidas unilaterales hacia Venezuela». Asimismo, puntualizó que esta decisión de adelantar este proyecto tiene que ver con las propias acciones de presión que le hacen al presidente saliente Biden.
Por su parte, el día de ayer la Asamblea Nacional (AN) rechazó y repudió categóricamente este proyecto de Ley, que aprobó el pasado lunes la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con el que buscan incrementar la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela y detener las operaciones internacionales.
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