En un contexto de intensas deliberaciones sobre la reforma laboral, Argentina se ve inmersa en una segunda huelga general convocada para el 9 de mayo. Esta acción colectiva, impulsada por una amplia coalición de sindicatos, surge como reacción a una disminución del poder adquisitivo, evidenciada en una reducción salarial del 17 % en los últimos cuatro meses.
La medida, que se perfila como un hito en la historia reciente del país, marca la segunda gran movilización sindical bajo la administración de Javier Milei, apenas cinco meses después de su asunción. La primera huelga, que tuvo lugar el 24 de enero, ya había establecido un precedente al ser la protesta más temprana contra un mandatario recién investido.
El epicentro de la tensión actual radica en la propuesta de ley ómnibus del Gobierno, que busca introducir una mayor flexibilidad en el mercado laboral. Frente a esta situación, los sindicatos han articulado una respuesta contundente, organizando una paralización de actividades que promete tener un alcance nacional.
La huelga se distingue de su antecesora por el significativo apoyo de los sindicatos de transporte, cuya participación es crucial para el efecto de la medida. Este paro se enmarca dentro de un plan de lucha más amplio, delineado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que incluyó previamente manifestaciones en el Día Internacional del Trabajador y la Marcha Federal Universitaria.
Con esta nueva huelga, los trabajadores argentinos buscan visibilizar la urgencia de una revisión salarial que compense la erosión de sus ingresos, exacerbada por la inflación acelerada tras una significativa devaluación monetaria. La situación pone de manifiesto la creciente presión social sobre el Gobierno para que atienda las demandas laborales en un clima económico desafiante.
T/Sputnik
