A través de un comunicado, se pudo conocer que, «Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’, impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Asimismo, demostró que el sistema judicial venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción».
Continúa alegando el escrito que, «como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI, como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución’, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó expresamente haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal. Además, dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales».
Asimismo, en su documento, Venezuela «denuncia las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI, con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales».
A continuación el comunicado:
T/RNV WEB
