EE.UU. extiende por un año orden ejecutiva contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, extendió por un año la orden Ejecutiva de 2015, en la que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad de la nación norteamericana.

 

De acuerdo con Actualidad RT, la medida fue tomada este martes 2 de marzo; sin embargo, fue publicada recién este miércoles por la Casa Blanca.

 

Según Biden, las acciones descritas en el documento “no han mejorado” y Venezuela “continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los EE.UU.”

 

Con esta decisión, EE.UU. recrudece las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela, que ha dificultado al país suramericano adquirir insumos médicos y alimentos; así como a combatir la situación de la pandemia.

 

De conformidad con esa “emergencia nacional”, se emitió la Orden Ejecutiva 13808, del 24 de agosto de 2017, que prohíbe la compra directa o indirecta de valores procedentes del Gobierno de Venezuela.

 

El pasado 2 de febrero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una licencia que autoriza ciertas transacciones “necesarias” para operaciones de puertos y aeropuertos en Venezuela.

 

La “Licencia General 30A”, describe el proceso mediante el cual se autorizan “todas las transacciones y actividades que involucren al Gobierno de Venezuela prohibidas por la Orden Ejecutiva (E.O.) 13884 del 5 de agosto de 2019, que son normalmente incidentes y necesarios para las operaciones o el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela”.

También, según el texto firmado por Bradley T. Smith, director en funciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se permiten transacciones y actividades que habían sido prohibidas en la Orden Ejecutiva 13850 de noviembre de 2018, modificada en enero del año 2019, que involucran al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), o cualquier entidad en la que esta institución posea, directa o indirectamente, una participación del 50 % o más.

 

En tal sentido, la licencia general “no autoriza”, dice el documento, “cualquier transacción o actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela”.

 

Tampoco permite transacciones con cualquier persona o institución bloqueada distinta al INEA o las entidades donde esta participe.

 

Esta es la primera medida que toma la administración de Joe Biden, instalada el pasado 20 de enero, respecto a las sanciones impuestas contra Caracas durante el gobierno de Trump, que incluyeron duras medidas coercitivas unilaterales en contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y funcionarios venezolanos.