El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que fue emitida una orden de aprehensión contra dos ciudadanos venezolanos designados ilegalmente como directivos de Citgo por presunta conspiración y legitimación de capitales
Desde la sede principal del Ministerio Público (MP), en Caracas, Saab indicó que fueron solicitadas las medidas contra, Andrés Felipe Yrigoyen Luna, designado ilegalmente como nuevo Presidente de la Junta Directiva de Citgo, y Ramón Pocaterra Esparza, designado ilegalmente como miembro de la Junta Directiva de Citgo Petroleum Corporation.
Asimismo, la orden implica el allanamiento y la incautación de bienes muebles e inmuebles, el bloqueo e inmovilización de cuentas en contra de estos sujetos. “A ambos se les imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia”.
Recordó que Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado y designó una junta ilegal que impide a la nación Bolivariana ejercer la defensa contra la demanda de la empresa Crystallex en un tribunal federal de Estados Unidos.
“Los auténticos representantes del Estado venezolano fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela al falso procurador, nombrado por Guaidó, José Ignacio Hernández, prófugo de la justicia venezolana”.
Ante lo expuesto, resaltó que Hernández había sido asesor de la propia Crystallex y fue quien le dio los argumentos a esta empresa para exigir que se vendieran las acciones de Citgo y se les pagara una indemnización que obtuvieron a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Saab enfatizó que Hernández fue el mismo abogado que dio los argumentos a los demandantes contra Venezuela, y que este abogado cobró una gran suma de dinero; fue designado para defender los intereses de los demandados por esa empresa, acción que da el ejemplo de corrupción más vil que se conoce en la historia del país.
“Compartimos la tesis de que la autoproclamación de Guaidó y su apropiación con apoyo del gobierno de los Estados Unidos de los bienes de la República en el exterior”, recalcó el representante del MP.
Subrayó que este caso es una gigantesca trama de corrupción y saqueo a la República, al servicio de los intereses privados, al mismo tiempo, el Fiscal aspira que con la ayuda de la Interpol, a estas personas se le apliquen las leyes.
“Venezuela necesita ese dinero para comprar medicinas y alimentos, no para favorecer a cuatro o cinco familias que viven como jeques en el exterior”, manifestó.
T/VTV
