El Banco Central de Venezuela (BCV) expuso sus argumentos ante el Tribunal Superior de Londres sobre las intenciones políticas que motivaron la retención ilegal de los recursos en oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, y espera un fallo en la próximas semanas.
La decisión fue reservada, notificó este viernes el BCV precisando que en la audiencia participaron los representantes del diputado en desacato Juan Guaidó, quien encabeza la estrategia de la administración de Donald Trump (EE.UU.) para deponer del poder al presidente Nicolás Maduro.
En ese sentido, el BCV argumentó en la ponencia que funcionarios del Ejecutivo de Reino Unido conspiraron con la administración “para evitar que el pueblo venezolano acceda a sus recursos en el extranjero” y presionar a Maduro financieramente.
La comisión venezolana recalcó que la embajadora de Venezuela ante el país europeo sigue siendo Rocío Maneiro, mientras que Reino Unido no ha dado ningún tipo de estatus diplomático a la pretendida representante de Guaidó.
Esto “ratifica que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno es reconocido por el Reino Unido” y que entre ambos países existen “relaciones diplomáticas plenas, recíprocas, normales. Esto es coherente y consistente sólo con el reconocimiento continuo del gobierno de su majestad al gobierno del presidente Maduro”, cita la circular.
La entidad central de Venezuela explicó que los enviados de Guaidó aseguraron que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respecto a su supuesta presidencia interina, “no son válidas” y con base a eso buscan distorsionar la realidad.
“Este temor a cualquier escrutinio legal muestra la conciencia en estos individuos sobre la ilegalidad de sus acciones, al pretender establecer un gobierno paralelo respaldado por Estados Unidos”, refiere nota de prensa.
El plan desestabilizador ha tenido como consecuencia, entre otras medidas, la retención ilegal de los activos de Venezuela en el exterior, como las reservas en oro que posee la nación bolivariana en el Banco de Inglaterra.
La retención fue ejecutada con la anuencia del gobierno de Boris Johnson, de acuerdo a las denuncias del Gobierno venezolano.
T/AVN
