La investigación se inició el pasado martes 17 de mayo cuando el Instituto de Patrimonio Cultural en Venezuela notificó al despacho de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que una fracción de dicha obra sería ofertada por la casa de subasta Auction Ventes Aux.
Por tal motivo, la fiscal 5ª nacional, Nurbia Arenas, solicitó a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que realizaran una inspección técnica a dicha reliquia, la cual reposa en el Palacio Municipal de Caracas, ubicado en la Plaza Bolívar de la ciudad capital, y que forma parte del patrimonio cultural de la nación.
Luego de ser practicada la diligencia, el Ministerio Público realizó el enlace con las autoridades europeas mediante funcionarios de la Policía Internacional (Interpol), con el objeto de hacer de su conocimiento que a la obra le faltaban varios fragmentos, por lo que uno de ellos podría ser el que iba a ser subastado.
Asimismo, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público llevó a cabo los trámites necesarios, a través de la Cancillería venezolana, la cual envió una carta rogatoria a la República Francesa en la que solicitó la suspensión de dicha subasta, en el marco de los convenios culturales que han sido ratificados con dicha nación.
En virtud de la asistencia mutua activada por el Estado venezolano, las autoridades francesas gestionaron la cancelación de la oferta de la obra.
De esta manera, la acción del Ministerio Público constituye una medida para la protección del patrimonio cultural de la nación.
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