Un panel de especialistas analizó este jueves los términos y alcances del contrato criminal firmado entre Juan Guaidó, Jordan Goudreau, Sergio Vergara y J.J. Rendón para agredir a Venezuela a través de la privatización del terrorismo mercenario, que pretendía una fuerza de ocupación en el país y que le otorgaba, a través del pago de una millonaria suma de dólares, todos los derechos para asesinar a líderes tanto del Gobierno como de la oposición, colocación de minas explosivas, ataques a propiedades públicas y privadas, así como la derogación de la Constitución Bolivariana, con plena impunidad.
Durante una Mesa de Discusión en el Palacio de Miraflores, conducida por el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, participaron la abogada y Primera Combatiente, Cilia Flores; el abogado y escritor Luis Britto García, la abogada y vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez y el vicepresidente sectorial para Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López.
La Primera Combatiente, Cilia Flores, calificó la acción de la extrema derecha como la evidente firma la comisión del delito para tratar de llenar de sangre y muerte a Venezuela a partir de la entrega de la soberanía y la autodeterminación, cuyo propósito era convertir al país en una colonia de Estados Unidos.
“Es increíble que firmen eso, cómo van a cometer y a planificar una invasión y lo dejen plasmado con cláusulas donde puedan exigir después ante un tribunal su cumplimiento”, analizó la abogada, no sin antes preguntarse ante cuál tribunal se refería el documento hecho público por el medio estadounidense Washington Post “¿Cómo podrán exigir ese cumplimiento? ¿Exigir el magnicidio? (…) Este contrato deja a esta oposición dentro del delito, ya no es oposición son delincuentes que están agrediendo a la Patria”.
Añadió que se establecía que los mercenarios podían actuar a sus anchas para proteger sus objetivos plasmados en este contrato criminal. “Venían a invadirnos y quedaban todas las instituciones venezolanas disueltas”, precisó.
“Los mercenarios venían a tomar el control pleno del sistema de justicia”, rechazó al revelar que el documento se aseguraba de garantizar la impunidad de los mercenarios contratados que venían a matar y que adicionalmente por ello, le iban a pagar 450 mil dólares a sus familiares si alguno de ellos moría, “venían por un botín: podían llevarse oro, cuentas, objetos, riquezas de Venezuela e iban a pagar el 14% de los intereses por las riquezas del país”.
Precisó que ante lo que es un documento que detallan las acciones terroristas que iniciaron contra el país, ahora le corresponde a los tribunales venezolanos, hacer justicia conforme a lo que establece la Constitución.
T/VTV
