La población indígena brasileña realiza desde este 24 de abril en esta capital una movilización para reivindicar sus derechos, en un clima de fuerte tensión con el Gobierno de Jair Bolsonaro, una amenaza para los territorios originarios y el ambiente.
El llamado Campamento Tierra Libre (ATL), que se extendrá hasta el viernes, tiene lugar desde 2004 en Brasilia para dar visibilidad a la situación legal y llamar la atención sobre las demandas de los pueblos nativos.
Una semana antes de la movilización, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, autorizó que la Fuerza Nacional de Seguridad Pública actúe en la Explanada de los Ministerios y en la región de la Plaza de los Tres Poderes (reúne las sedes del Gobierno, Congreso y del Supremo Tribunal Federal) por un período de 33 días.
Tras la publicación de Moro en el Diario Oficial de la Unión, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que organiza el campamento, pidió en una nota que ‘dejen de incitar al pueblo contra nosotros! No somos violentos, violentos es atacar el derecho sagrado a la libre manifestación con tropas armadas, el derecho de ir y venir de tantas brasileñas y brasileños que andan por esas tierras desde mucho antes de 1500’.
La Articulación detalló que ‘nuestro campamento viene sucediendo hace más de 15 años siempre en carácter pacífico buscando dar visibilidad para nuestras luchas cotidianas, siempre en invisibilidad por los poderosos’.
El 2019 comenzó en un contexto gravísimo, escribió la APIB en la convocatoria de la marcha en la que se esperan unos cinco mil líderes indígenas de todo el país.
La lista de denuncias de los pueblos originarios contra el Gobierno resulta extensa y desde que asumió el 1 de enero, Bolsonaro sacó de la Fundación Nacional del Indio (Funai) su atribución de demarcar tierras indígenas y conceder licencias ambientales.
El político de extrema derecha pasó esas funciones a manos del Ministerio de Agricultura y la Funai, del ámbito de la cartera de Justicia, entró a la de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.
Organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos indígenas y la prensa denuncian que las invasiones de tierras indígenas se multiplicaron en los últimos meses.
Según datos oficiales, cerca de 800 mil indígenas de 305 etnias viven en Brasil, un país con 209 millones de habitantes.
La Constitución Federal determina que esos pueblos tienen derecho al usufructo exclusivo sobre las tierras ocupadas, pero la demarcación ha sido amenazada por la deforestación ilegal, la expansión de la agropecuaria y los avances de la frontera agrícola.
El movimiento indígena comenzó a protestar internacionalmente para intentar frenar la ofensiva del Gobierno, que cuestiona los cambios climáticos y considera a las ONG como amenazas a la soberanía nacional.
En una carta abierta publicada el 10 de abril en el diario francés Le Monde, 13 representantes de etnias indígenas denunciaron las políticas ambientales de Bolsonaro.
‘Hace 100 días vivimos las premisas de un apocalipsis, del que los pueblos indígenas son las principales víctimas’, advirtieron los representantes de la Alianza de los Guardianes de la Madre Naturaleza.
‘El Gobierno quiere monopolizar el Amazonas entero, ensangrentándolo aún más construyendo nuevas carreteras y ferrocarriles’, denunciaron.
T/Prensa Latina
AHORA:
