«Mi previsión es que si ambas partes se ponen a trabajar en la mesa para abordar los temas pendientes, y no se pierde tiempo en discusiones innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos los puntos (de la agenda), incluido el pacto conclusivo», precisó el abogado en declaraciones a un diario colombiano.
Al referirse a los temas más complicados por decidir, Santiago mencionó las garantías de seguridad para los futuros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y las políticas de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo.
Otro problema, dijo, «tiene que ver con la visión gubernamental sobre las zonas donde estarán concentrados los insurgentes inicialmente o territorios de paz, pues el Ejecutivo propone lugares cerrados en los cuales no se podrá entrar ni estará permitido salir».
Según el jurista se trata de una postura contradictoria al contemplar un régimen incluso más duro que el establecido para las sanciones restaurativas dentro del mecanismo de justicia transicional acordado.
«Las FARC-EP quiere desaparecer como organización guerrillera y transformarse en asociación política, pues no tiene sentido prohibir la relación con la población civil, consideró el experto».
