El Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas privó de libertad al juez laboral Glenn David Morales Rivera, así como a los ciudadanos: David Norberto VIllamizar y Nergan Antonio Pérez Borjas, por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, suposición de valimiento y asociación para delinquir, por hallarse incursos en red de extorsión judicial que solicitaba dinero a cambio de beneficios procesales a instancias jurisdiccionales.
El denunciante, informó a las autoridades que su padre fue aprehendido por estar presuntamente solicitado por la Interpol. En busca de asesoría jurídica, la víctima contactó al hoy privado de libertad juez laboral Glenn David Morales Rivera, quien le solicitó varias cantidades de dinero, las cuales se estiman en cuatro millones de dólares, pero al no contar el denunciante con el dinero solicitado, el Juez le presentó otra opción que implicaba la participación de otro grupo de personas que fungirían como prestamistas a cambio de que la víctima pusiera los bienes a sus nombres, bajo la amenaza de encarcelar al padre de la víctima, así como la inclusión de toda familia en alerta roja internacional por parte de la Interpol.
De acuerdo a la información contenida en la decisión, el abogado de la contraparte también estaría involucrado en el hecho, debido a que bajo coacción y amenazas, le impuso al padre de la víctima firmar el pago de honorarios profesionales, ocasionando así que más de cinco personas adscritas a diversos organismos del Estado (Tribunales, Defensa Pública, Ministerio Público, y otros), así como personas externas se hayan implicado en el caso.
De la declaración del denunciante se desprende la acción ilícita cometida por varios funcionarios adscritos a las instituciones antes mencionadas, quienes de manera reiterada habrían sometido a las víctimas a la entrega de varias sumas de dinero, utilizando los nombres de Magistrados para ejecutar la acción y prometer una ayuda en la causa penal, por lo que se ordenó un procedimiento de autorización de entrega controlada, resultando detenidos los ciudadanos antes señalados.
T/Prensa TSJ
