La Cancillería de la República rechazó el informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en donde asume una posición parcializada sobre los sucesos violentos perpetrados por la dirigencia opositora, que dejaron un saldo de más de 100 personas fallecidas, cientos de heridos y cuantiosas pérdidas materiales.A continuación el comunicado:
La República Bolivariana de Venezuela repudia el seudo informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los DDHH en nuestro país que –nuevamente- incurre de manera consciente en la mentira, en señalamientos infundados, tendenciosos y la difusión de falsos supuestos sobre la realidad venezolana.
La instrumentalización de la Oficina del Alto Comisionado con fines políticos para agredir a Venezuela, desvirtuando los loables fines de esta instancia, se ha convertido lamentablemente en una penosa costumbre durante los últimos tiempos. La utilización de falsas noticias difundidas por inescrupulosos medios de comunicación, sin comprobación alguna, y el uso del doble rasero en materia de DDHH., nuevamente expresan una posición parcializada, vergonzosa y violatoria de la soberanía de Venezuela y del Derecho Internacional.
Es repudiable que la Oficina del Alto Comisionado insista en engañar abiertamente a la comunidad internacional acerca de los sucesos de violencia perpetrados por un sector de la oposición venezolana desde abril del presente año, haciendo caso omiso de la abundante, esclarecedora y fidedigna documentación que el Estado venezolano ha suministrado a esa Oficina, en la que se demuestra la responsabilidad de los dirigentes opositores en la organización, promoción y financiamiento de actos violentos que han arrojado un doloroso saldo de más de un centenar de personas fallecidas, miles de heridos e incontables daños y sufrimientos al pueblo venezolano.
Y es más grave aún que la Oficina del Alto Comisionado no exprese ninguna solidaridad con las víctimas de esta estrategia política violenta y criminal, cuyo único fin es derrocar al Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.
Es reprobable éticamente que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en un informe incompleto, no concluido oficialmente, basado en opiniones recogidas en entrevistas supuestamente hechas por un autodenominado «equipo de expertos» afirme la existencia de «violaciones masivas» a los DDHH y presente semejante patraña al mundo como conclusiones de la Organización de Naciones Unidas, comprometiendo así el buen nombre y la reputación de esta organización y sus Estados miembros.
Las espurias conclusiones del auto denominado «equipo de expertos de la ONU» avaladas por el Alto Comisionado han lesionado seriamente la probidad, la imparcialidad, la equidad, la honradez y la buena fe que debe privar en las actuaciones de dicha Oficina, y representan un peligroso precedente para las Naciones Unidas.
Esto sucede a pocos días de la exitosa instalación de la soberana y legítima Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y cuando la tranquilidad y el sosiego retorna a las calles, y cuando la oposición venezolana –tras el fracaso de esta arremetida violenta- anuncia su retorno al camino electoral y constitucional al decidir participar en las elecciones regionales del próximo 10 de diciembre.
La República Bolivariana expresa su absoluto desconocimiento de este documento ilegal utilizado para imponer una opinión basada en un enfoque ruin y parcializado por parte de la Oficina del Alto Comisionado, y realizará las gestiones diplomáticas a que hubiere lugar para denunciar esta nueva agresión contra nuestro pueblo y nuestro país, desde una instancia que debería servir con equilibrio y ponderación a la protección de los derechos humanos en el mundo.
La República Bolivariana de Venezuela –ahora inmersa en un proceso constituyente popular- ratifica su compromiso con la paz, la promoción del diálogo entre todos los sectores del país, la tolerancia política y el pleno respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales para solventar los problemas que nos aquejan.
