La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por la mayoría del pueblo venezolano en el año 1999, establece un nuevo mecanismo de protección y de garantía constitucional, cuya última instancia es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tiene la atribución de controlar todos los actos emanados del Poder Público, así lo explicó el abogado constitucionalista César Piñero.
Detalló que durante el proceso constituyente se entendió que el Presidente de la República ante leyes inconstitucionales, o que considere que sean inconstitucionales, aprobadas por Asamblea Nacional, tenga mecanismos para su control “no por el propio presidente sino por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es ahí donde se crea la institución del veto constitucional”, aseguró el jurista en entrevista realizada en el programa “Duélale a quien le duela”, transmitido por RNV Activa.
Pillero no dudó en calificar la aún no sancionada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional como Ley de Amnesia Criminal. Considera que este instrumento debe ser enviado al máximo tribunal del país por ser manifiestamente inconstitucional, puesto que la propuesta vulnera la CRBV y todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para el experto existen dos consideraciones que evidencian la intencionalidad velada por parte del parlamento adeco burgués al impulsar el proyecto de Ley. La primera, la cantidad de intereses económicos que se mueven en virtud de esa ley, grupos que presionan al bloque derechista, con la intensión de liberar a los “factores desestabilizadores políticos” y atacar al Gobierno y al Estado. La segunda, es que los diputados que la promueven están conscientes de su incostitucionalidad.
“Ellos saben que es inconstitucional de plano. Habían 15 proyectos de Ley que se presentaron ante la comisión y el peor de todos fue el que se presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional. ellos están buscando momentos de exarservación del pueblo para que haya un enfrentamiento y generar una confrontación política, para justificar una intervención militar internacional, un golpe de Estado o un golpe Parlamentario”, detalló el constitucionalista, quien agregó que existe un vínculo entre estas acciones y la guerra económica que busca activar la movilización de sus seguidores y generar hechos violentos.
Una vez remitida la Ley aprobada por parte de la Asamble Nacional al Presidente de la República este tiene 8 días para promulgarla o calificarla como inconstitucional y enviarla a la Sala Constitucional del TSJ, que tendrá 10 días contados a partir de su recepción, para pronunciarse. Si el máximo tribunal del país manifiesta la inconstitucionalidad de la Ley este instrumento legal no entra dentro del ordenamiento jurídico vigente, por lo tanto carece de aplicabilidad, eficacia y vigencia.
Escuche la entrevista al abogado contitucionalista, César Pillero, en el programa “Duélale a quien le duela”, transmitido por RNV Activa:
T/ RNV
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