El titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social de Argentina (Ufises), Gabriel de Vedia, rechazó ayer, martes, la suspensión de más de 150 mil pensiones de discapacidad por parte del Gobierno argentino y aseguró que la baja atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales.
“No es ni un subsidio ni una dádiva, ni una limosna, ni una caridad, es un derecho”, dijo el fiscal general, quien aseguró que la decisión afecta directamente a personas que están en condición de “vulnerabilidad estructural”.
“Es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene», acotó.
De Vedia advirtió que la aplicación que hizo el Gobierno del decreto 432/97, según para evitar “incompatibilidades e irregularidades detectadas”, es incorrecta “de fondo y de forma”, y viola las leyes de la Convención Internacional del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Convención Internacional de Discapacidad, que Argentina suscribió en 2014.
«No se puede revocar un derecho que ya estaban cobrando muchas personas, sin previo aviso, sin un mínimo respeto por el derecho de defensa. Ni iniciaron una actuación administrativa, que es lo que correspondería habitualmente», alertó.
En medio de las críticas, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, justificó el recorte en las pensiones y aseguró que ahora serán administradas “responsablemente y de forma transparente» en comparación con el Gobierno de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que según Badino, entregaba las pensiones de manera «irresponsable».
«Nosotros estamos administrando un programa de más de un millón y medio de personas que fue irresponsablemente dado por doce años en el kirchnerismo a personas que no cumplían con los requisitos que imponía la ley», sostuvo el funcionario sobre el decreto 432/97 usado para recortar abruptamente las pensiones y dejar fuera a personas que no alcancen el 76 por ciento de discapacidad, tengan pareja, automóvil o reciban algún beneficio previsional.
T/Telesur
