Como parte de las maniobras emprendidas para evitar la posible candidatura presidencial Luis Inacio Lula Da Silva para el año 2018, este sábado el Ministerio Público Federal de ese país solicitó someter al líder político a prisión por presuntamente incurrir en el delito de “corrupción pasiva calificada”.
En esta solicitud remitida al juez federal Sergio Moro, Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados a una supuesta compra ilegal de un apartamento que sería utilizado por su familia, el cual aparece registrado como propiedad de la empresa OAS, constructora presuntamente implicada en el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Da Silva, acusado sin pruebas de estos delitos, ha negado en reiteradas ocasiones ser el propietario del inmueble y calificado estas acciones como “persecución judicial” para impedir que vuelva a postular a la Presidencia.
Pese a que el pasado 30 de enero salieron a la luz pública los documentos que prueban que Da Silva no es el propietario del inmueble, la Fiscalía sostiene que existen “pruebas robustas” en su contra y ha solicitado que Lula junto al expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y cinco exdirectivos de esa empresa sean condenados a prisión.
De acuerdo a la acusación, Da Silva recibió el inmueble como parte de una compensación para que le fueran adjudicados a OAS una cantidad contratos de obras con Petrobras.
La persecución judicial contra Lula comenzó el 26 de agosto de 2016 con la acusación de supuesto lavado de dinero (tampoco sin pruebas). Frente al acoso judicial, Lula denunció en la ONU la persecución acentuada contra los movimientos de izquierda, después del golpe de Estado parlamentario perpetrado contra Dilma Roussef, en mayo del año pasado.
Esta campaña mediática y de falsas acusaciones de corrupción por parte de la Fiscalía contra Lula Da Silva y Dilma Roussef, con el objetivo frenar los avances en términos políticos de ambas figuras, se presentaron días después de que Michel Temer se juramentó como presidente interino de Brasil.
Un año después, se divulgó un audio que involucra al mandatario de facto en supuestos hechos de corrupción en el caso Petrobras y, frente a ese elemento, el pueblo brasileño ha salido a las calles en varias ciudades de ese país suramericano para exigir elecciones y la renuncia de Temer.
