Maite García, vocera del Comité de Familiares de Víctimas del Sicariato Campesino, calificó como “un gesto muy claro de compromiso con los derechos humanos” la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de incorporar a las organizaciones de víctimas en la Comisión Nacional de la Verdad, la Justicia y la Paz que investiga los hechos de la violencia política generada en el país desde 1999.
“Este es un paso vital porque es nuestra lucha de toda una vida. Es una muestra significativa de la voluntad política del Gobierno nacional para reforzar las posibilidades de justicia y paz en Venezuela, y abordar los reclamos de verdad y lucha contra la impunidad», dijo la vocera, en una entrevista concedida en el programa Derechos humanos en Revolución, transmitido por radio Miraflores.
Denunció que, en Venezuela, hay un grupo de líderes opositores acostumbrados a utilizar la violencia como arma política: “Estas acciones no son de ahorita; vienen desde el Caracazo, inclusive. Son métodos terroristas —así lo hemos denunciado, desde que inició esta lucha—, crímenes políticos que ellos están acostumbrados a hacer para lograr lo que no pueden por la vía democrática”.
En la opinión de García, “cuando se habla de una persona víctima, siempre se debe reflejar su lucha y su historia: por eso es tan importante la memoria histórica. Pero, también, hay que reflejar a los victimarios: no podemos hablar de víctimas sin hablar de responsables”.
Con esta premisa, subrayó que la Comisión de la Verdad busca “que se visibilice a las verdaderas víctimas y que se reconozca su memoria histórica, su lucha. Porque, aunque suene siniestro, los victimarios van por el mundo diciendo que son las víctimas, sabiendo que son nuestros familiares quienes están en el cementerio por pensar diferente y por luchar por una patria justa”.
Para García, los asesinatos políticos que, hoy se repiten en Venezuela, “no se pueden considerar un delito común sino como crímenes de lesa humanidad que no deben prescribir. Hay que castigar las prácticas de violencia política y a todos los culpables, sin excepción, para hacer justicia”.
Insistió en que “los victimarios de hoy son los mismos del Caracazo, los mismos del golpe de Estado de 2002, del sicariato campesino, de las guarimbas de 2013 y 2014. Ellos son los mismos, y la mayoría de las víctimas también siguen siendo quienes luchan por la igualdad”.
En ese sentido, aprovechó la entrevista radial “para solicitar a la Comisión Nacional de la Justicia, la Verdad, la Atención a las Víctimas y la Paz que mantenga el proceso de escuchar y tomar en cuenta los aportes de las personas víctimas y de sus familiares para que puedan esclarecerse los hechos de violencia política, y poder nosotros tener la paz que necesitamos”.
Sobre la propuesta presidencial de que la Asamblea Nacional Constituyente asuma el trabajo de la Comisión de la Verdad, y ponga en un nivel superior la garantía de atención a las víctimas, dijo que es una decisión de «un país comprometido con los derechos humanos y con la lucha contra la impunidad».
La activista recordó que su padre Armando “Pelaíto” García, líder campesino, fue asesinado en el año 2002 como retaliación por haber acompañado al presidente Hugo Chávez a promulgar la Ley de Tierras que establece la lucha contra el latifundio y la reivindicación de los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras del campo.
“Los asesinos pretendieron callar las voces de quienes amamos a Pelaíto. Nos amenazaron que si nosotros los denunciábamos nos iba a pasar lo mismo. Sus objetivos eran fomentar la impunidad y desmovilizar a las familias campesinas en su lucha por una vida digna”, deploró la hija de Pelaíto.
Evocó que, “para nadie es un secreto que, antes de la Revolución, la población campesina era explotada. La mayoría de los campesinos ni siquiera tenía identidad legal. Hubo campesinos que murieron y nunca supieron lo que era tener una cédula de identidad en sus manos. Pelaíto y Chávez lucharon por el derecho de los campesinos a vivir bien y a tener tierra para producir alimentos y conciencia; lucharon para que los pelaítos del campo tuvieran acceso a la educación y a la salud”.
Durante la entrevista, Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, mencionó que el 24 de mayo de 2017 el presidente Maduro extendió las funciones de la Comisión Nacional de la Justicia, la Verdad, la Atención a las Víctimas y la Paz para investigar los casos de delitos de odio y violencia política perpetrados en 2017, con el fin de que se profundice en la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas víctimas y de sus familiares.
T/Vicepresidencia
