“El Estado venezolano ha tomado medidas estructurales para garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad que han reducido, exponencialmente, la violencia en los recintos penitenciarios del país”.
Así lo aseguró, este viernes, Larry Devoe, agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, durante una audiencia pública realizada en la sede de la CorteIDH, en la capital de Costa Rica.
Devoe informó que, “hoy, el Estado venezolano tiene el control absoluto del 98 % de los centros penitenciarios de adultos hombres, y del 100 % de los centros de mujeres y adolescentes en conflictos con la ley. El Estado ha tomado pacíficamente el control de estos establecimientos y, ahora, garantiza condiciones de infraestructura dignas y acciones de reeducación que respetan a la población privada de libertad”.
El también secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos alegó que las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Venezuela se traducen en un régimen penitenciario que cumple, a cabalidad, con los estándares internacionales y con lo dispuesto en la Constitución y en las leyes nacionales.
“No hay un país de América Latina que haya hecho más que Venezuela por las personas privadas de libertad, en los últimos 10 años. Las medidas tomadas por Venezuela no tienen precedentes”, indicó Devoe.
Destacó que Venezuela es uno de los pocos países del continente y del mundo que cuenta con un ministerio especializado en la atención a las personas privadas de libertad; también con “un nuevo Código Orgánico Penitenciario, aprobado en 2015, para superar el marco legislativo heredado de la Cuarta República y que, en muchos casos, favorecía la vulneración de los derechos humanos de estos compatriotas”.
Pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) levantar las medidas provisionales interpuestas en siete recintos penitenciarios del país, hace más de 11 años, por cuanto las circunstancias que existían cuando se dictaron esas medidas, ya han desaparecido.
Recordó que, “al momento de acordarse estas medidas, la situación penitenciaria resultaba compleja y delicada producto de la dramática herencia recibida por el gobierno de Chávez, en 1999, como resultado de la desatención que caracterizó a los distintos Gobiernos del Puntofijismo, y que hizo de Venezuela un escenario con los más graves episodios de violencia carcelaria”.
El representante del Estado venezolano precisó que cuatro de los centros penitenciarios (Uribana, Yare, el Internado Judicial de El Rodeo y el Centro Penitenciario de la Región Andina) objeto de las medidas provisionales por parte de la CorteIDH han superado las circunstancias de extrema gravedad.
“Quienes conocen la historia penitenciaria de nuestro país saben que estos cuatro recintos eran verdaderos infiernos y, hoy, son espacios dignificados en tiempos de Revolución. En estos centros, hemos eliminado el hacinamiento, la tenencia de armas, y la violencia. En sus cimientos, construimos nuevos penales, monitoreados mediante un sistema tecnológico de punta, en donde se desarrolla una política de atención integral para la reinserción socioproductiva de las personas privadas de libertad”, mencionó.
“Que, hoy, el Observatorio Venezolano de Prisiones no presentara, ante la CorteIDH, ninguna evidencia de violencia de estos cuatro establecimientos penitenciarios es la mayor prueba de cuánto hemos avanzado. Tenemos logros que nos permiten estar acá, con la frente en alto y orgullosos”, agregó.
Notificó que los tres centros restantes, que son La Pica, Tocorón y Vista Hermosa, “se encuentran en etapa de transición hacia el nuevo régimen penitenciario”.
Devoe dijo a los jueces de la CorteIDH estar consciente de que “los supuestos de levantamiento de medidas provisionales por este tribunal no implican que quedemos relevados de las obligaciones de las acciones de protección a la población privada de libertad, que se derivan de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, independientemente de la existencia de estas medidas, el Estado continuará adoptando las políticas y las acciones necesarias para asegurar el pleno respeto a los beneficiarios de las actuales medidas de protección”.
Venezuela innova en materia penitenciaria
Sobre las principales medidas implementadas para dignificar a las cerca de 55 mil personas privadas de libertad en Venezuela, la viceministra para Atención al Privado y a la Privada de Libertad, Mirelys Contreras; y Alejandro Méndez, director general de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos; ambos servidores públicos del Ministerio para Servicios Penitenciarios; resaltaron:
– Garantía de un funcionario de seguridad y custodia por cada 6 privados de libertad, cumpliendo así con las exigencias internacionales en materia penitenciaria.
– Atención jurídica e integral a las personas privadas de libertad para combatir el retardo procesal de los tribunales ordinarios.
– Más de 38 obras de infraestructura penitenciaria, construidas en los últimos 6 años, que han permitido reducir significativamente el hacinamiento.
– Áreas médicas y de enfermería dentro de los penales para asegurar el derecho a la salud.
– Programas y proyectos de reeducación con logros valiosos, entre los que sobresalen: más de 20 mil personas privadas de libertad formados en el proceso social de trabajo, en distintos oficios como la carpintería y metalurgia; más de 4 mil personas privadas de libertad a quienes se les ha conseguido una oportunidad laboral, tras cumplir su condena; cerca de 2500 personas recluidas que han conseguido su título de bachiller, en los últimos dos años.
T/Prensa Consejo de DD. HH. / Nerliny Carucí
