La Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Federal del estado de Delaware fallaron esta semana a favor de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en dos demandas interpuestas por las compañías Helmerich & Payne y Crystallex International.
En el primer caso, el máximo juzgado decidió a favor de la petrolera frente a la compañía de servicios Helmerich & Payne, empresa que denunció ante la justicia estadounidense una expropiación de sus taladros en 2010.
El tribunal dejó así sin efecto el fallo que había dictado la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, según el cual los reclamos podían proceder, lo que dejaba a un lado los alegatos de inmunidad soberana interpuestos por Pdvsa.
Helmerich & Payne solicitó la revisión del caso por la Corte Suprema, que finalmente acogió la posición legal de la principal industria nacional y de la República.
En 2010, el Gobierno venezolano nacionalizó 11 plataformas de crudo de la firma norteamericana que habían permanecido ociosas durante meses.
Para ese entonces, los dueños de los taladros se habían negado a discutir las tarifas de servicios con Pdvsa y prefirieron tener guardados los equipos en Anaco, lo que afectó la producción petrolera. De allí la decisión de la estatal.
En el otro caso, dado a conocer también el lunes, la Corte Federal de Delaware falló a favor de la petrolera en una demanda de la minera canadiense Crystallex Corp. Esta empresa solicitaba el pago de dividendos provenientes de Citgo Petroleum Corporation, filial venezolana que opera en Estados Unidos.
Crystallex demandó a Pdvsa por 2.800 millones de dólares que, según la compañía, servirían como compensación por una expropiación que hizo el Gobierno en 2008, en el proyecto aurífero Las Cristinas.
Las demandas de la minera, que iniciaron en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), buscaban apoderarse de los activos del Estado venezolano en Estados Unidos, que incluyen las filiales PDV Holding y Citgo.
Luego, Crystallex acusó a Pdvsa de transferir «ilegalmente» activos de Citgo a la empresa rusa Rosneft, lo que -a su juicio- bloqueaba la compensación que solicitaban por las acciones del Gobierno.
Finalmente, la Corte Federal de Delaware determinó que Pdvsa goza de inmunidad de jurisdicción bajo la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos.
