La Corte Penal Internacional (CPI) informó que no ha aceptado ningún caso de torturas supuestamente sufridas por dirigentes del partido opositor venezolano Primero Justicia, en contra de lo manifestado diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, reseña una nota publicada por la agencia EFE.
La CPI desmintió la afirmación realizada por Borges durante una entrevista en que denunció supuestas torturas sufridas por los hermanos Alejandro y José Sánchez, dirigentes de Primero Justicia, detenidos el pasado jueves y vinculados a las acciones contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y otros hechos violentos ocurridos en Caracas.
“En este caso los dos hermanos Sánchez fueron torturados. Nosotros ayer (por el martes) logramos que el caso de tortura de ellos fuera aceptado en La Haya”, aseguró Borges a un canal privado.
La información ofrecida por la agencia señala que la fuente de la CPI consultada informó que “la entrega de documentos que ONG o particulares puedan hacer a la Fiscalía no implica la apertura de una investigación o de un procedimiento” y recordó que el tribunal internacional recibe cada año cientos de dosieres de decenas de países.
No es la primera vez que la CPI desmiente a miembros de la oposición venezolana ya que la Fiscalía del tribunal internacional también negó, en septiembre del año pasado, que Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, hubiera presentado una denuncia en La Haya contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La CPI es una institución de último recurso y su jurisdicción solo puede ser activada por la Oficina de la Fiscalía, el Consejo de Seguridad de la ONU o los Estados Parte cuando éstos no son capaces de hacer funcionar sus propios mecanismos de justicia.
La Fiscalía informa una vez al año de la marcha de sus investigaciones y de las nuevas aperturas de exámenes preliminares, pero nunca hace anuncios de forma individual.
El único país latinoamericano que actualmente se encuentra bajo un examen preliminar es Colombia debido a los “falsos positivos”, unas ejecuciones extrajudiciales en las que miles de civiles fueron asesinados por militares para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, a fin de obtener beneficios.
T/Agencias
