William Contreras, superintendente de la Sundde informó este martes que el Plan 700 es una operación que se realiza para grantizar el pan al pueblo.
Recordó que esa operación, cuenta con la unión cívico-militar, y actualmente se está desarrollando en un total de 709 panaderías de Caracas, a fin de supervisar el funcionamiento de esos centros y garantizar que el pan llegue al pueblo venezolano.
Explicó, que a partir de este momento todas las panaderías deben estar prestando sus servicios desde las seis de la mañana, y enfatizó que no se puede condicionar la venta del pan ni mucho menos la producción. Explicó que la aplicación del Plan 700 se hace simultaneamente con la llegada del trigo panadero y los otros insumos para la producción del pan al país, se tiene la supervición sobre la distribuidores y agregó que panadería esté cerrada será sancionada.
“El 90% del saco de harina, debe ser utilizado para el pan canilla y al pan francés, si en ese negocio quieren hacer postre podrán hacerlo con el otro 10%” puntualizó Contreras.
De igual manera destacó que 10 mil 100 funcionarios participarán en las actividades de supervisión, de ese plan que será permanente.
Contreras precisó que la inspección se inició en Caracas donde se supervisarán el funcionamiento de las 709 panaderías.
Señaló que al momento del cierre de cada panadería se debe saber cuantos sacos de harinas le quedan disponible para trabajar al día siguiente y no puede faltar ninguno, caso contrario se tomarán medidas, además denunció que luego del despliegue de ese operativo se pudo constatar que 21 establecimiento han cerrados sus puertas hasta los momentos sin causa justificada.
Finalmente recordó, que más de 700 inspectores que fueron asesorados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), así como de representantes de la juventud bolivariana, de los Comités Locales de Abastecimiento Productivo (CLAP) e integrantes del Poder Popular que han recibido un extenso curso de formación para tal tarea, son quienes tienen las atribuciones delegadas para ejercer las tareas de controlaría social.
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