La fiscal 3ª de esa jurisdicción, Teresa Rivero, acusó a García Sanz bajo la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles y con alevosía; obstrucción a la vía pública y asociación para delinquir.
Los mencionados delitos están previstos en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
En el escrito presentado ante el Tribunal 1º de Control de Mérida, la fiscal del caso solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del joven y que se mantenga su reclusión en el Centro Penitenciario de la Región Andina, en San Juan de Lagunillas, municipio Sucre de la aludida entidad federal.
El 9 de marzo de 2014, la docente murió tras ser impactada por un proyectil de arma de fuego en el rostro, a la altura del ojo izquierdo, cuando removía una barricada colocada por manifestantes entre las avenidas Ezio Valeri y Los Próceres, en Mérida.
En virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público el 11 de mayo de 2014, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron el 27 de enero de 2016 a Stiven García Sanz, en una residencia ubicada en Los Valles del Tuy, estado Miranda.
Al día siguiente, el presunto victimario fue presentado ante el Tribunal 44º de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que declinó la competencia al Tribunal 1º de Control del estado Mérida.
Hay que destacar que el fallecimiento de Rubilar fue uno de los 43 que ocurrieron durante los hechos violentos del año 2014.
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