Yendry Velásquez, vocera del Comité de Víctimas de la Guarimba, sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Heraldo Muñoz, a quien manifestó su preocupación y rechazo sobre el “Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 16 de febrero.
La vocera de esta organización expresó al Canciller chileno que esta Ley de Amnistía impediría jurídicamente que se determine la responsabilidad y sean debidamente sancionadas las personas que generaron la muerte de 43 personas y más de 800 lesionados en el año 2014, luego de la ejecución del denominado plan “La Salida”, que buscaba derrocar al Presidente Nicolás Maduro.
Velásquez recordó que entre los años 1999 y 2016, en Venezuela han ocurrido episodios reiterados de violencia con fines políticos que han dejado como resultado decenas de muertos y cientos de personas lesionadas.
En este sentido, indicó que este proyecto de ley busca beneficiar a los responsables de estos graves acontecimientos y otorgar amnistía para más de 50 delitos cometidos desde 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo violación a derechos humanos, terrorismo, corrupción, narcotráfico, entre otros.
La vocera del Comité solicitó al Canciller de Chile sumarse a la lucha de las víctimas para evitar que se apruebe una Ley de Amnistía que promueve la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico nacional e internacional en esta materia.
Afirmó que actualmente los grupos políticos que promovieron esta violencia en Venezuela son mayoría en la Asamblea Nacional y pretenden aprobar una Ley de Amnistía para perdonar todos los hechos que ellos mismos desarrollaron.
“Se trata de un autoperdón que vulnera el derecho a la justicia de las víctimas. Queremos justicia, queremos que los responsables paguen por la muerte de nuestros familiares”, enfatizó.
Finalmente, señaló que diversos sectores políticos que hacen vida en el país han asumido el uso recurrente y sistemático de la violencia como mecanismo para dirimir las diferencias que existen dentro de la democracia.
Por ello, reiteró que los derechos a la manifestación pacífica, a la reunión y a la libertad de expresión no pueden convertirse en una excusa para justificar actos que constituyen verdaderos delitos.
T Prensa/MPPRIJP/Víctimas de la Guarimba
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