La República Bolivariana de Venezuela presentó este jueves ante la plenaria de países representados en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), efectuada en Ginebra, Suiza, los avances obtenido en garantía del acceso a la justicia, derecho a la defensa y resguardo en general de los Derechos Humanos del pueblo venezolano.
La exposición estuvo a cargo de la directora de despacho de la Defensa Pública, Mariana Oliveros, quien estuvo acompañada del embajador Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra.
En ese sentido, Oliveros indicó,que en Venezuela se han “generado las condiciones más favorables para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la participación, de manera organizada, directa y protagónica, con una atención personalizada para todas las y los ciudadanos que requieran del servicio, de manera gratuita”.
De esta manera se han atendido, entre el 2013 y 2016, a más de 2 millones de usuarios en las distintas áreas de competencia de la Defensa Pública. Allí están incluidos a adultos mayores, niñas, adolescentes, afrodescendientes, comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT), pueblos indígenas, personas con discapacidad, extranjeros, entre otras.
Para tales fines —agregó— la institución cuenta con funcionarios especializados en todo el territorio nacional, quienes prestan sus servicios en materia de Penal Ordinario, Penal Municipal, Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, Responsabilidad Penal del Adolescente, Especial Policial, Penal Ejecución de Sentencia, Indígena, Agraria y Pesquera, Civil y Administrativa Especial Inquilinaria, Integral, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Laboral, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Defensores Públicos para actuar ante las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, recalca un boletín de prensa.
Al respecto, detalló que en lo que respecta a la competencia Penal, desde el año 2015 y el primer semestre de 2016, la Defensa Pública asumió la representación de 22.709 usuarios más que se encontraban incursos en procesos penales en sus distintas fases, tras la revocación de sus abogados privados, lo cual refleja la gran confianza depositada en nuestra institución por la comunidad penitenciaria, agrega la nota.
Asimismo, dijo que la Defensa Pública venezolana ha logrado evolucionar y desarrollar las opciones de contacto directo con la población, para brindar una atención primaria, óptima y de calidad, a todas las personas que acuden a la institución.
“Para optimizar el servicio a los venezolanos inauguramos en el 2015 la Oficina de Atención Ciudadano, hasta la presente fecha hemos atendido a más de 21.000 personas (…) De igual manera, brindamos un programa de jornadas, desde el 2013 hasta el 2016 con más de 188.400 jornadas de calle dirigidas a los grupos organizados con una atención directa en sus residencias”, expresó la Directora de Despacho de la Defensora Pública General, citada en la nota de prensa.
Mencionó que esta realidad contrasta con la que vivió el pueblo venezolano antes de la aprobación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en 1999, puesto que fue con este texto —subrayó— que los derechos humanos y su garantía se hicieron letra viva.
“Sin lugar a dudas, podemos afirmar que si bien la Constitución de 1961 propugnaba la protección del derecho a la vida, la libertad, la justicia, la dignidad humana, entre otros, esto no era más que simples articulados constitucionales sin aplicación alguna (…) la memoria colectiva nos evoca múltiples masacres y violaciones a los derechos humanos a causa de la disidencia política, cuyos involucrados no tenían derecho a un juicio previo ni al derecho a la defensa y eran ejecutados extrajudicialmente o torturados y desaparecidos; entre algunas violaciones graves a los derechos humanos podemos mencionar las distintas masacres: Yumare, Cantaura, El Amparo y El Caracazo”, especificó.
Fue con la Constitución de 1999 –refirió– que se rompió con el paradigma constitucional “pasivo y de omisión, y se contempla por primera vez, la prohibición irrestricta de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.
La Carta Magna establece el Principio de Progresividad de los derechos humanos, “en el cual como un resultado evolutivo, se estipula que una vez incorporado un derecho humano, no puede ser desconocido o menoscabado. Normando, además por primera vez, la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, por lo que se estableció su imprescriptibilidad, con la cual se demuestra la voluntad del Poder Popular Constituyente de evitar que ocurran tales violaciones y, en caso tal, los funcionarios deberán responder civil, penal y administrativamente”, agregó.
T/AVN
