Movimientos sociales de Brasil convocaron para este lunes una movilización hasta el Senado, sitio donde la presidenta Dilma Rousseff presentará personalmente sus alegatos antes de la votación final que busca apartarla de su cargo, una maniobra que ha sido denunciada como un golpe de Estado parlamentario.
Rousseff irá al Senado acompañada por dirigentes de varios partidos de izquierdas, en especial del Partido de los Trabajadores (PT), encabezado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, reseñó EFE.
Antes de iniciar los Juegos Olímpicos Río 2016, ya los movimientos sociales de Brasil habían anunciado movilizaciones de calle permanentes en varias ciudades como rechazo a las políticas del Gobierno interino de Michel Temer, quien a tan solo dos meses y medio en el poder ha dejado claro que su programa económico está marcado por el modelo de las privatizaciones y recortes.
Ahora, justo cuando se decidirá el futuro de la Mandataria, movimientos sociales han convocado nuevamente una masiva manifestación en el Senado para rechazar lo que califican como golpe de Estado parlamentario.
«Voy al Senado porque creo en la democracia. Debo eso al pueblo brasileño. No voy porque creo en la belleza de mis ojos. Tengo absoluta claridad de lo que están haciendo. Sé que es una injusticia y mi presencia es muy incómoda, extremadamente incómoda», declaró Rousseff el miércoles en un mitin en Sao Paulo.
Las autoridades brasileñas informaron que reforzarán la seguridad en los alrededores del Parlamento, colocando -al menos- 4.000 agentes de policía.
Asimismo, instalaron una valla que parte del Senado y divide los jardines centrales de la Explanada de los Ministerios, que concentra todos los edificios del poder público.
Según las previsiones del Senado, la votación en que finalmente se decidirá si Rousseff es culpable y, por tanto, debe ser despojada definitivamente del cargo se celebrará entre este martes y miércoles. Para que eso suceda una mayoría calificada de dos tercios (54) debe votar a favor de su destitución.
A la Presidenta se le acusa de emitir créditos suplementarios sin previsión en el Presupuesto Nacional y sin la autorización del Congreso y de retrasar el pago a bancos públicos del país para financiar programas sociales, lo cual se denomina «pedaleo fiscal».
Esta acusación pasa por alto un informe hecho por técnicos del Senado, que señala que la denuncia contra Rousseff no se ajusta a derecho.
Los peritos reconocieron que Rousseff emitió créditos suplementarios sin la aprobación del Congreso, sin embargo, señalaron que esto no constituye un crimen de responsabilidad que decante en la destitución de la Mandataria.
Aún así, el Senado le ha dado curso al proceso que comenzó con la destitución de la Mandataria, el pasado 12 de mayo, cuando asumió el vicepresidente Michel Temer.
La fase final del juicio político será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como corresponsable y garante constitucional del proceso.
En caso de que Rousseff sea despojada de su cargo, Michael Temer –presidente interino–seguirá en la Presidencia hasta el 1º de enero de 2019, cuando finaliza el actual mandato, y Rousseff quedará inhabilitada por ocho años para ejercer cualquier cargo público, pero si el Senado absuelve a la Mandataria, ésta recuperará el poder una vez que se publique la sentencia y el caso será archivado.
T/AVN
