La Corte Suprema de Justicia de Colombia se unió a la lucha que ejercen varias entidades con respecto a la actual crisis de hambruna que vive La Guajira. Este miércoles exigió al Gobierno de Juan Manuel Santos responder por los cientos de niños que han muerto de hambre en ese departamento.
El director ejecutivo de la organización de justicia, César Rodríguez, puntualizó que la decisión es de gran importancia porque permite una coordinación entre las entidades estatales para remediar la crisis. “Muchas veces cuando aparecen este tipo de problemas y mucha gente trata de solucionarlos, aparece una descoordinación que termina empeorando todo”.
A este llamado de atención también se han sumado anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al decretar medidas cautelares en diciembre pasado, y el Tribunal Superior de Riohacha, que en el pasado mes junio le ordenó al presidente Juan Manuel Santos solucionar la emergencia humanitaria.
El titular de este centro señaló que ante esta situación son fundamentales este tipo de medidas judiciales, pero además hizo un llamado para que el tema no quede en el olvido de la opinión pública. “La esperanza de una solución descansa en que haya formas de presión múltiple. Si la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad y las organizaciones le seguimos dando una atención sostenida a los avances para solucionar esta crisis, creo que la esperanza aumenta considerablemente”.
La investigadora de la organización Dejusticia, Diana Guarnizo, precisó que la orden que dio la Corte Suprema es una decisión muy valiosa porque es el medio por el cual se van a tomar medidas efectivas de una manera organizada, con esto se está unificando una política pública, que por orden de la propia Corte, debe estar encabezada por la Presidencia.
El también investigador Mauricio Albarracín argumentó que este fallo judicial permite analizar la manera en que el Estado actúa antes y después de una decisión judicial. La intervención del Estado allá comenzó realmente cuando la CIDH emitió las medidas cautelares en diciembre pasado. Antes, solo había una omisión de su parte.
Albarracín indicó que lo que buscan los abogados es que no los condenen por nada (refiriéndose a las intervenciones de los abogados del Estado), pero esa no es su tarea. Su función y en lo que en realidad deberían estar trabajando es en que los niños de este país no se mueran de hambre. El Gobierno debería asistir a los tribunales con vergüenza y dispuesto a aceptar los cargos.
Con respecto a que sea la propia Presidencia la encargada de coordinar el plan de solución, Diana Guarnizo dijo estar de acuerdo en que la Presidencia es la que puede tener una visión más completa de este problema, para poner a todas las entidades a trabajar para acabar con este problema.
La investigadora Guarnizo hizo referencia a la ausencia de instituciones locales lo suficientemente fuertes y comprometidas con la protección de los miembros de su comunidad; Albarracín por su parte agregó el factor ambiental, en el que no solo tiene que ver el prolongado fenómeno de El Niño.
Para el investigador Albarracín el mensaje es claro: «La Corte Suprema le parece evidente que hay una violación clara de los derechos de los niños y que esa violación la tiene que arreglar el Estado en coordinación con la Presidencia. Lo que pasa en La Guajira es un fracaso de la constitución».
T/TeleSUR
