Este lunes un grupo de mujeres patriotas denunció ante el Ministerio Público (MP) a Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional con mayoría circunstancial de derecha, y a Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, por violencia de género contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente hacia Tibisay Lucena, presidenta del máximo órgano electoral.
En un contacto informativo de Venezolana de Televisión, desde las afueras del MP, María Hernández Royett, defensora nacional de los derechos de la mujer, indicó que la denuncia se basa en los delitos tipificados en el artículo 222 y 285 del Código Penal, que hablan de la violencia o de la resistencia a la autoridad y de la instigación a delinquir.
Asimismo, Hernández Royett comentó que estos personajes de la derecha venezolana son denunciados también por las formas de violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenazas establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 15, y en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Comentó que se está pidiendo que el MP inicie una investigación exhaustiva sobre las declaraciones emitidas por Allup y Capriles en medios públicos y privados “donde han proferido vejámenes, humillaciones, tratos crueles que van en contra de la dignidad de las rectoras del CNE, en especial contra la presidenta Tibisay Lucena”.
“Estamos pidiendo que se apliquen medidas de protección y seguridad para erradicar este tipo de prácticas” que van en contra de la mujer y que no pueden ser consideradas como acciones políticas, ya que el Estado tiene un marco constitucional que garantiza el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.
Por su parte, Gladys Requena, ministra de la Mujer que acompañó la actividad en representación del ente rector de las políticas del Estado para proteger el papel y garantizar los derechos de la mujer en la sociedad, resaltó que “solo en Revolución las mujeres hemos conquistado la categoría de ciudadanas con derechos fundamentales”.
“Hoy estamos activando un proceso con las consecuencias jurídicas necesarias si se determina que los denunciados incurrieron en estos hechos punibles, tendría como consecuencia el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Allup, con el propósito de que pueda seguir el enjuiciamiento a través del Tribunal Supremo de Justicia y revisar si tiene el carácter legal los hechos denunciados hoy”, aclaró la ministra.
Escuche el reporte de Piter Carrion para RNV
T/AVN
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