En ese sentido, el vocero del Gobierno Marcelo Díaz, señaló que están conscientes del debate que implicará buscar mecanismos para lograrlo, teniendo en consideración la situación económica del país.
“Nosotros planteamos en este proyecto una propuesta de cómo alcanzar el 60% de cobertura en gratuidad al año 2018 y luego un mecanismo para llegar al 70% y de ahí a la gratuidad universal”, dijo.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que se requieren 4.000 millones de dólares para financiar la educación gratuita y aseguró que no aumentarán los impuestos.
Desde 2011, los chilenos han luchado para obtener una educación pública y gratuita como derecho esencial que debe ser garantizado por el Estado. Y en el año 2014, Bachelet inició su segundo período presidencial con la promesa de crear un programa de reformas sociales, entre las que destacaba una en el área educativa.
Una vez que se conocieron los puntos de esta reforma, estudiantes, docentes y padres han manifestado que la noma no cumple con sus expectativas y tampoco con las promesas hechas por el Gobierno, reseña el sitio web de Telesur.
El pasado domingo, la mandataria informó que desde el lunes 4 de julio se daría curso a esta reforma en el Congreso y señaló que “con el (proyecto) cerramos el ciclo de las leyes de la gran reforma educacional que iniciamos en 2014 y que va desde las salas cunas hasta la educación superior”.
Dicho proyecto fue criticado, desde su fase inicial, por parlamentarios, el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas y la Confederación de Estudiantes de Chile.
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