El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, rechazó de manera formal el informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk. La posición del gobierno venezolano se fundamenta en la consideración de que el documento no refleja la realidad del país y, por el contrario, se alinea con los intereses de grandes potencias, desvirtuando los principios fundacionales de la ONU.
A través de una publicación en su canal oficial de Telegram, el Canciller Gil cuestionó severamente la credibilidad del documento. «La falta de credibilidad del supuesto informe sobre Venezuela revela un preocupante distanciamiento del sistema de la ONU respecto a la auténtica defensa de los derechos humanos», afirmó el diplomático, sugiriendo que el organismo internacional prioriza los intereses de sus principales financiadores.
El titular de la diplomacia venezolana enfatizó lo que considera un doble estándar en la actuación del Alto Comisionado. Criticó que, mientras el funcionario de la ONU «ignora el asalto por parte de Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano», simultáneamente «elabora un informe repleto de falacias que se suma a los ataques contra nuestro país».
Asimismo, advirtió sobre las consecuencias de esta postura para la institucionalidad multilateral. Señaló que esta situación no solo socava la credibilidad de las Naciones Unidas, sino que también pone en entredicho su compromiso declarado con la justicia y la equidad en el escenario internacional, principios consagrados en su Carta fundacional.
Esta declaración constituye una reafirmación pública de la posición crítica que mantiene el Estado venezolano frente a los señalamientos recurrentes del ACNUDH. La respuesta diplomática se enmarca dentro de una estrategia más amplia de defensa de la soberanía nacional y de los principios del derecho internacional, que Caracas alega son selectivamente aplicados.
Finalmente, el pronunciamiento refuerza la narrativa oficial que presenta a Venezuela como objeto de una campaña de descrédito internacional orquestada por actores con intereses geopolíticos en la región, utilizando para ello mecanismos de derechos humanos que, según su perspectiva, han sido instrumentalizados con fines políticos.
T/RNV