En su sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo que rechaza y repudia lo que califica como el «expolio» o despojo de la empresa petrolera venezolana CITGO, propiedad de PDVSA, por parte del gobierno de Estados Unidos y sectores de la ultraderecha venezolana.
El acuerdo, debatido y respaldado por todos los diputados presentes, describe el proceso judicial en EE.UU. que permite la venta de la filial como «una nueva y grave agresión económica imperialista» y «un acto de delincuencia organizada internacional». El texto sostiene que se trata de un «despojo flagrante del patrimonio nacional».
Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez, calificó el hecho como «el robo más grande en la historia de Venezuela». Dirigiéndose a figuras de la ultraderecha, acusó a Juan Guaidó y Dinorah Figuera de haber aprobado un crédito adicional de 14 millones de dólares «mediante una videoconferencia» desde lugares informales, y propuso que se retire la nacionalidad venezolana a quienes considera «cabecillas del saqueo»: José Ignacio Hernández, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Horacio Medina.
Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien presidió una Comisión Especial creada en 2024 para investigar el caso, detalló los hallazgos. Denunció que un juez estadounidense, Leonard Stark, autorizó la venta de CITGO por 5.900 millones de dólares, una cifra que está muy por debajo de su valor real, estimado en más de 12.000 millones.
Infante presentó gráficas que evidencian «la relación entre partidos políticos venezolanos y el gobierno de Donald Trump», señalando la participación de figuras como el Secretario de Estado Marco Rubio y la corporación Exxon Mobil. Afirmó que la investigación identificó a 351 responsables del «saqueo», distribuidos en: 94 parlamentarios de la AN en desacato (2015-2020), 108 seudofuncionarios de instituciones paralelas y 149 miembros de ONG.
«El planeta tiene que saber que si a EE.UU. le da la gana, le roba su empresa, que es lo que está pasando hoy con CITGO», declaró Infante, quien anunció que se activarán «todos los mecanismos jurídicos nacionales» para aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Simón Bolívar contra los responsables, y que se publicarán sus bienes, propuesta secundada por la diputada Iris Varela.
El parlamentario José Brito recordó que el origen del litigio se remonta a 17 años atrás con el caso de la corporación canadiense Crystallex, y también denunció la participación de figuras como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó y Julio Borges en el proceso.
La AN concluyó que este acto representa el «repudio de todo un pueblo» y se comprometió a impulsar todas las acciones legales necesarias para que «más temprano que tarde habrá justicia por este robo». El acuerdo marca una postura oficial unánime del Legislativo venezolano frente a un proceso judicial extranjero que considera una afrenta a la soberanía y el patrimonio nacional.
T/RNV