El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, expresó este martes su más enérgico rechazo a la inminente venta forzosa de Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de PDVSA, ejecutada por autoridades judiciales de los Estados Unidos (EE. UU.), calificando el acto como un “robo” y un “vulgar y bárbaro despojo” de un activo estratégico venezolano.
En un comunicado oficial, leído por la alta funcionaria, se denunció que el procedimiento judicial que condujo a esta venta fue fraudulento, ya que Venezuela fue “intencional e ilegalmente” excluida del proceso.
Esta exclusión, impulsada por la influencia de la administración estadounidense en los tribunales, negó al Estado venezolano su derecho fundamental a la defensa.
“Bajo la excusa del desconocimiento del legítimo gobierno venezolano, se diseñó una maniobra para robar activos estratégicos al país”, afirmó Rodríguez.
El comunicado señala que esta agresión se llevó a cabo en complicidad con actores políticos venezolanos a los que identifica como “extremistas” y con el “grupo de delincuencia organizada autodenominado Asamblea Nacional de 2015”, señalados de haber pretendido usurpar la representación de Venezuela en el exterior para facilitar el despojo.
Ante esta nueva “agresión multiforme”, el Gobierno Nacional reafirmó que no reconocerá una venta forzosa ejecutada “en flagrante desprecio” de las garantías económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, advirtió que adoptará todas las medidas a su disposición para que “los promotores y ejecutores del despojo de Citgo respondan ante la justicia”, incluyendo la imposición de responsabilidades civiles a los entes extranjeros que hayan participado.
“Este caso pasará a la historia como evidencia patente y patética de que en el territorio de los Estados Unidos no se respetan ni garantizan las inversiones extranjeras, las cuales pueden ser objeto de apropiaciones ilícitas en cualquier momento”, concluyó el texto, subrayando la determinación del Estado venezolano de utilizar sus leyes e instituciones para defender el patrimonio nacional.
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