Lejos de las cifras macroeconómicas, estos datos muestran la realidad de la calle. Una parte de la sociedad, cada vez más creciente, víctima de la falta de empleo y la precariedad laboral. Y, lo peor, ya no es algo puntual de la crisis. Es el resultado de no aplicar medidas que palíen estas tendencias.
Después de esta legislatura el balance es más trabajo temporal, menos prestaciones, ausencia de políticas públicas frente al aumento de la pobreza infantil, caída de los sueldos, mayor desigualdad y exclusión, y mayor presión fiscal para los que menos tienen. Las siguientes cifras muestran las consecuencias de los cuatro años de gestión del PP en materia social.
Falta de ayudas a desempleados y más trabajo temporal
España es el segundo país de la Unión Europea con más paro de larga duración, con una tasa del 11,4% lejos del 1,7% que tenía antes de la crisis, y su tasa duplica a la media. Ya no es un paro puntual, sino estructural. Se ha hecho crónico, a pesar de los anuncios triunfalistas del Gobierno. También es el segundo país de Europa con más paro femenino, con casi el 50% de las españolas sin trabajar. Los últimos datos de los servicios públicos de empleo mostraron que por primera vez, desde 2010, bajó la cifra de paro de los cuatro millones de personas, pero a costa de empleo precario y temporal. Sólo el 8,3 de los contratos fueron indefinidos.
Quienes lo padecen se enfrentan a un periodo de incertidumbre, donde las prestaciones y ayudas escasean. Acceder a ellas se ha vuelto más complicado. Por eso, bajo el mandato de Rajoy las ayudas a los parados se han reducido un 30%. 54.300 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro. Y un 27,7% lleva más de tres años sin trabajo. 7 de cada 10 desempleados ya no reciben ayudas y cerca del 80% vive gracias a la ayuda de la familia, según un informe. En esta situación, casi la mitad de los parados está en riesgo de pobreza.
Cuando España fue líder en paro juvenil
En 2013 el paro juvenil superó el 55% y se convirtió en líder en Europa. En los últimos datos del INE, se sitúa en el 46,5%. Una bajada de casi diez puntos. Pero para el colectivo de Juventud Sin Futuro se debe a una única razón: la proliferación de trabajo ‘basura’. “Lo que más nos encontramos a la hora de buscar empleo son contratos temporales por horas o días sueltos, por unos 200 euros al mes”, afirman.
También señalan que otra razón por la que disminuye el paro es la emigración juvenil. Según datos del Instituto de la Juventud, desde 2009, 218.000 jóvenes han abandonado el país. Con estos niveles, recuerdan que resulta muy complicado independizarse. Cifras de paro insostenibles que repercuten en un freno radical de sus proyectos de vida: “El 80% de los menores de 30 años no podemos independizarnos”, apuntan.
Pobreza infantil de las más altas de Europa
Cuando unos padres no encuentran empleo o es precario, quienes más lo padecen son los niños y adolescentes. El riesgo de pobreza infantil en España es del 29,6% (INE), una de las más altas de Europa. Una cifra que muestra una débil política de protección social: “Mientras los mayores de 65 años tenían como colchón las pensiones (lo que no significa que estén mejor), los hogares con niños no tienen prestaciones”, apunta Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF.
De los 28 países de la Unión Europea solo siete países no tienen ayudas universales por hijo, y esos están entre los diez con más pobreza infantil. Y en España, la única ayuda que se tenía, que eran los 2.500 euros por nacimiento, se eliminó. “Han aparecido carencias básicas que parecían del pasado. Un niño necesita más que pasta y arroz. También alimentos frescos como carne, frutas, verduras o pescado, que han subido los precios. Ese déficit lo pagará toda su vida”, añade el especialista.
Entre esas consecuencias, peor rendimiento escolar, menor desarrollo físico e intelectual, abandono de estudios, empleos más precarios, menos expectativas, dificultad para acceder al ocio y cultura, y menos relaciones sociales. “Hay niños que no hacen fiestas de cumpleaños porque no quieren que vean cómo viven, o no van a excursiones”, explica González-Bueno. Otro apunte: las tasas de violencia en países con desigualdad crecen a medio-largo plazo, con una menor cohesión social y menor participación política. El futuro no aporta buenos datos.
Contratos por más horas y con menos sueldo
Desde el colectivo Denunciemos los abusos patronales estudian las quejas de quienes pierden sus derechos laborales. “Muchas empresas quedan sin representación sindical que promueva las vías legales para defender los derechos, así los empresarios tienen más margen de maniobra para saltarse la legalidad laboral. Especialmente en un país como el nuestro, donde la mayoría de los trabajadores lo ignora”, explican.
Subrayan dos consecuencias de la flexibilización y los contratos temporales: jornadas más largas y horarios variables a voluntad de la empresa. “Nos llegan relatos de personas que trabajan 12 horas diarias o 50-60 horas semanales, sin percibir las horas extras”, detallan. Desvelan casos como mujeres, sobre todo, que trabajan 15 o 18 horas semanales con salarios de 300 euros mensuales, con total disponibilidad horaria e imposibilidad de tener un segundo trabajo, por los horarios variables e imprevisibles. Un dato más: más de la mitad de las horas extraordinarias no fueron pagadas, según la EPA.
Desde Oficina Precaria añaden otra tendencia, el abuso de becas en las empresas. “Son personas tan invisibles, que ni siquiera ningún organismo en España estudia su situación y condiciones, lo que genera falta de conocimiento e indefensión entre los afectados. Con un estudio de la Comisión Europea calculamos que en España había cerca de 180.000 becarios en 2015”, comentan desde la asociación. Estas falsas becas que carecen de carácter formativo sustituyen a trabajadores por un sueldo más barato a la vez que precipitan el retraso del acceso al mercado laboral.
Una reforma laboral que deja la mayor precariedad de la zona euro
La reforma laboral fue uno de los proyectos estrella de la legislatura de Rajoy. Una reforma que se nutre de las recomendaciones que dicta la Comisión Europea. Hoy día somos el país que lidera la precariedad en la zona euro, encabezando los contratos temporales con un 25,2%. Con esta reforma, “las líneas rojas de nuestro sistema laboral han saltado. La contratación indefinida pierde sus características de seguridad y pasa a ser un contrato poco seguro e inestable”, declara Adoración Guamán, Profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.
Desde entonces, según esta profesora, la gente entra y sale del mercado laboral “sin expectativas” de lo que debe pedir al empresario, en cuanto a mejoras salariales y condiciones en la empresa. Otro resultado de la reforma fue frenar la negociación colectiva. “Se congeló el salario mínimo y se restó peso a los sindicatos, y como no se puede devaluar la moneda, se devalúa la vida y los salarios. La precarización no genera empleo, sino que lo destruye”, afirma esta profesora.
También hay efectos menos evidentes pero preocupantes: “Los jóvenes dejan de ver el trabajo como algo digno y con derechos, y venden su mano de obra en las condiciones que pida el empresario porque no tienen otra opción. Es una reforma con peso ideológico y lo han conseguido. Revertir esto puede ser muy complicado. Nos lleva a un individualismo radical. El tema del TTIP tendrá un efecto brutal donde los lobbies podrán decir qué hacer en material laboral. Vamos hacia una americanización del mercado”, concluye.
España, donde más crece la desigualdad social
Mientras el Gobierno ensalza cifras de recuperación macroeconómica, la pobreza avanza en el país. Según datos de Oxfam, España es el país de la OCDE que más ha crecido en desigualdad, tan solo por detrás de Chipre, y es casi catorce veces más desigual que Grecia.
Uno de cada cinco españoles está en riesgo de pobreza, el 22%, según el INE. Esto se traduce en que, por ejemplo, más de cinco millones de españoles sufren pobreza energética, en un país donde no han parado de aumentar el coste de los recibos de luz y gas. La pérdida de derechos y la flexibilidad laboral también ha originado un aumento de los trabajadores pobres.
Un informe de Cáritas apunta la creación de una España a dos velocidades. Confirma que los ingresos de los hogares han caído desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%. Acompañado de un hundimiento de las rentas más bajas. Desde esta organización advierten que esta tendencia va más allá de un proceso puntual de la crisis y evidencia que es “una cuestión de modelo social”.
Misma carga fiscal para ricos y para pobres
Según datos de la Agencia Tributaria de 2014, una de cada tres personas, el 35%, tenía un sueldo igual o inferior al salario mínimo. “En 2013, dos de cada tres liquidaciones del IRPF eran por una cuantía igual o inferior a 21.000 euros”, matiza Antonio Sanabria, economista de la Universidad Complutense de Madrid. La concentración de riqueza y el crecimiento de la exclusión social han ido de la mano en los últimos años. Un fenómeno que Susana Ruiz, de Oxfam, relaciona de forma directa con el modelo fiscal. “Los veinte más ricos en España concentran un 20% de la riqueza del país y la aumentaron un 15%, mientras que para el 99% de la población había caído justo en un 15%”, detalla esta responsable.
La evasión fiscal tiene parte de la culpa de esta situación. En España se pierden 59.500 millones de euros por el fraude fiscal y eso genera un vacío de ingresos en las arcas públicas. Y ese vacío está en el Impuesto de Sociedades. “Desde el 2007 la recaudación en el impuesto de Sociedades es un 58% más baja; mientras que el IRPF o el IVA está al mismo nivel de antes de la crisis”, matiza Ruiz. Es decir, para aumentar la riqueza de unos privilegiados, la sociedad aporta más en IRPF e IVA, junto a la una bajada de sueldos de un 22%, mientras que el sueldo los grandes ejecutivos y presidentes de empresas del Ibex han crecido un 80%.
“Esta presión fiscal deja a los ciudadanos como en un sándwich. El Estado te pide más y, a la vez, te dan menos. Desde 2009, el gasto público en salud se redujo en 10.000 millones de euros, unos 250 euros por habitante. Y al final el coste del fraude fiscal de cada ciudadano es de entre 800 y 1.000 euros. Nos cuesta cuatro veces más a nosotros, que lo que perdemos en sanidad. Lo cual demuestra que con esto se podría financiar”, confirma la responsable de Oxfam.
T/Público/LibreRed
