Diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, incluyendo artistas, indígenas, sindicatos y organizaciones sociales, han manifestado su rechazo a los recortes implementados por el gobierno de Daniel Noboa como parte de su plan de “eficiencia administrativa”, vinculado a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Unión de Artistas Populares del Ecuador denunció que estas políticas, alineadas con el FMI, afectan derechos sociales, económicos y culturales. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) llamó a la unidad frente a lo que consideran un modelo de privatización y reducción del Estado.
Organizaciones de derechos humanos criticaron la fusión de ministerios clave, como los de ambiente y derechos de las mujeres, argumentando que no se trata solo de un recorte burocrático, sino de un retroceso en políticas diferenciadas. Mientras tanto, colectivos culturales convocaron una protesta frente al Ministerio de Cultura en rechazo a su fusión con Educación, afirmando que “la cultura no es un lujo, es un derecho”.
La Conaie también condenó el despido de cinco mil empleados públicos, calificando el modelo económico como “perverso” y responsabilizando al FMI. Legisladores de Revolución Ciudadana coincidieron en que estas medidas generarán más pobreza, migración y destrucción de la clase media.
El movimiento Pachakutik advirtió que la estrategia gubernamental prioriza intereses empresariales sobre políticas sociales. Sindicatos, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), denunciaron los despidos como arbitrarios, mientras que la Confederación de Servidores Públicos cuestionó la falta de estudios técnicos que respalden estas decisiones.
Las medidas, que incluyen además la reducción del 41% de ministerios y secretarías, entraron en vigencia tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública, generando un amplio debate sobre su impacto en la población.
T/RNV