El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) tendrá acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid, según un acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El objetivo es identificar y localizar a migrantes indocumentados, marcando un nuevo hito en las políticas migratorias de la administración Trump.
Medicaid es un programa federal diseñado para cubrir los costos médicos de personas de bajos ingresos, familias, niños y personas con discapacidades. Sin embargo, ahora se convertirá en una fuente de información para ICE, permitiéndoles acceder a datos sensibles como direcciones y etnias de los inscritos. Esta medida representa una escalada en las estrategias de deportación y ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos.
Dos días antes de conocerse este acuerdo, The Washington Post reveló un memorándum interno de ICE que autoriza deportaciones a países distintos del de origen con solo seis horas de aviso, incluso sin garantías de seguridad. El director en funciones de ICE, Todd M. Lyons, afirmó que una reciente sentencia del Tribunal Supremo permite estas acciones «inmediatamente». En casos con garantías diplomáticas, las deportaciones podrían realizarse sin previo aviso.
Además de estas medidas, ciudades en estados como Florida han acordado cooperar con ICE, permitiendo que policías locales interroguen y arresten a migrantes. Esto intensifica la presión sobre comunidades migrantes y aumenta el temor a redadas masivas y deportaciones aceleradas.
Activistas advierten que estas políticas podrían disuadir a migrantes indocumentados de buscar atención médica o ayuda social por miedo a ser detectados. Además, la falta de garantías en deportaciones a «terceros países» expone a deportados a riesgos de seguridad y violaciones de derechos humanos.
Estas acciones reflejan una estrategia más agresiva en el control migratorio, utilizando bases de datos públicos y acelerando deportaciones. Mientras el gobierno argumenta que busca «proteger la seguridad nacional», críticos denuncian que estas medidas criminalizan a comunidades vulnerables y erosionan derechos fundamentales. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos sigue abierto.
T/RNV