La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva acción legal debido a las preocupantes condiciones y la severa restricción de acceso a asesoría legal en un centro de detención de migrantes conocido informalmente como «Alligator Alcatraz», ubicado en los pantanos de los Everglades de Florida.
La demanda, interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice, junto a abogados y migrantes recluidos, acusa al gobierno de violar derechos constitucionales fundamentales como el debido proceso y la libertad de comunicación entre abogado y cliente.
Descrito como una «prisión clandestina», el centro, inaugurado el pasado 1 de julio de 2025, fue erigido en apenas dos semanas sobre un antiguo aeródromo, rodeado por un entorno natural infestado de caimanes y pitones. Los testimonios de familiares de los detenidos revelan un panorama desolador: temperaturas abrasadoras, infestaciones constantes de mosquitos, carpas inundadas, escasez de agua potable y comida en mal estado. Los propios migrantes han denunciado ser obligados a desatascar inodoros con las manos desnudas y que se les «niega» el derecho a practicar sus creencias religiosas, lo que agrava la ya precaria situación humanitaria.
Más allá de las condiciones físicas, lo que ha generado mayor indignación es la presunta política de aislamiento legal. La demanda detalla que el gobierno ha prohibido las visitas presenciales de abogados, ha restringido las llamadas telefónicas y por video confidenciales, y ha bloqueado el intercambio de documentos legales. Esta situación impide que los migrantes puedan presentar solicitudes de liberación o defenderse adecuadamente ante la ley, socavando gravemente su derecho a un debido proceso.
Eunice Cho, abogada principal del caso, ha calificado el centro como «un oscuro capítulo en la historia de nuestra nación», señalando que su existencia «refleja el peligro de una autoridad gubernamental sin control cuando se combina con un odio desenfrenado». Mientras esta demanda avanza en los tribunales, la administración Trump ha anunciado planes para construir cinco megacentros similares, lo que intensifica la controversia sobre el trato a los migrantes y el uso del poder estatal en estas instalaciones.
T/RNV