Un magistrado federal en New Hampshire ha paralizado a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a suprimir la nacionalidad por nacimiento, una de las iniciativas más controvertidas de su mandato, anunciada durante sus primeras horas en el cargo.
El juez Joseph Laplante, designado por George W. Bush, argumentó que «revocar la ciudadanía estadounidense representa un giro radical frente a una política histórica y causa perjuicios irreparables». No obstante, concedió un plazo de siete días antes de que su sentencia entre en vigor, permitiendo así al Gobierno presentar un recurso.
El fallo se produjo en respuesta a una demanda colectiva interpuesta por la Unión de Libertades Civiles (ACLU). Laplante subrayó que la ciudadanía estadounidense «constituye el privilegio más valioso del mundo».
La orden de Trump, que debía implementarse el 27 de julio, afectaría a niños nacidos en EE. UU. de padres indocumentados o de académicos con visados de estudiante a partir de febrero. Esta medida llegó después de que el Tribunal Supremo anulara bloqueos similares emitidos por cortes estatales, al considerar que estas no tenían autoridad para frenar disposiciones de alcance federal. Dicho precedente había fortalecido la postura del Gobierno frente a las múltiples sentencias judiciales que han obstaculizado sus políticas.
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