El cardenal Gregorio Rosa Chávez ha solicitado a Nayib Bukele que brinde información sobre los 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y recluidos en El Salvador. Durante una homilía en la iglesia San Francisco de San Salvador, el religioso destacó la preocupante falta de comunicación con estos detenidos, quienes llevan al menos cuatro meses incomunicados, sin contacto con familiares o abogados.
El cardenal enfatizó los derechos humanos de los prisioneros, recordando que, según el derecho internacional, tienen derecho a condiciones mínimas de trato y transparencia en su situación legal. Los venezolanos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad, originalmente destinada a pandilleros, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump los acusara de pertenecer a la extinta organización criminal Tren de Aragua.
La Iglesia salvadoreña ha intervenido en el caso, advirtiendo que El Salvador no debe convertirse en una «prisión internacional». Rosa Chávez pidió claridad sobre el estado de los detenidos y cuestionó las condiciones en las que se encuentran, especialmente dada la opacidad del gobierno en torno a su paradero y situación jurídica.
Además de abordar el tema migratorio, el cardenal denunció el exilio forzado de al menos 40 periodistas salvadoreños debido a la inseguridad y el clima de represión en el país. Criticó la persecución a la libertad de expresión y el temor que enfrentan quienes intentan informar con independencia.
En su discurso, el religioso también hizo un llamado a poner fin al estado de excepción vigente en El Salvador, cuestionando cómo se puede superar el miedo y garantizar el derecho a la libre expresión. «El mundo entero ve cada vez más clara la realidad», afirmó, en alusión a la creciente atención internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.
La petición del cardenal refleja la creciente crítica por las políticas de seguridad y transparencia del gobierno de Bukele, mientras el gobierno venezolano, organizaciones humanitarias y religiosas exigen respuestas concretas sobre el destino de los migrantes y la protección de las libertades fundamentales en El Salvador.
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