El controvertido centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, EE.UU., ha generado fuertes críticas desde su apertura el 2 de julio, tras una visita del presidente Donald Trump. Construido en tiempo récord en un antiguo aeropuerto, el lugar alberga carpas con celdas de alambre, baños portátiles y generadores eléctricos, pero las denuncias por malas condiciones y falta de transparencia han ido en aumento.
Familiares de detenidos han denunciado que los reclusos carecen de acceso básico a higiene, alimentación adecuada y atención médica. Un detenido mexicano, arrestado por conducir sin licencia, relató a través de su esposa que solo recibe sándwiches con «un pedacito de jamón», no puede bañarse y sufre cortes de electricidad. Además, quienes requieren atención médica son trasladados esposados de pies y manos, lo que ha sido calificado como un trato abusivo.
La construcción del centro, levantado en menos de dos semanas, generó rechazo de grupos ambientalistas y pueblos originarios de la zona, quienes criticaron el impacto en la reserva ecológica. Además, la negativa de acceso a autoridades locales y medios ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, exigió inspecciones tras reportarse muertes y emergencias médicas en otros centros de detención en Florida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y funcionarios estatales desmintieron las denuncias, tachándolas de «noticias falsas» y «teorías conspirativas». En redes sociales, el DHS aseguró que el centro cumple con «los más altos estándares», ofreciendo alimentación, atención médica y comunicación con abogados. Sin embargo, legisladores demócratas que intentaron visitar el lugar fueron rechazados por «motivos de seguridad».
Al menos cinco personas han muerto en centros de detención de migrantes en Florida en 2024, un aumento alarmante comparado con años anteriores. El hacinamiento y la falta de supervisión médica han encendido las alarmas, aunque las autoridades insisten en que las deportaciones masivas son una prioridad bajo el mandato de Trump.
Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó que no administra el centro, señaló que es operado por el Estado de Florida, con apoyo de la Guardia Nacional. Mientras, familiares de detenidos exigen un trato digno: «Si los van a deportar, que los deporten, pero no que los tengan tan mal. Venimos a trabajar, no a que nos traten como animales», declaró la esposa de un detenido.
La polémica alrededor de Alligator Alcatraz refleja el debate en la opinión pública internacional sobre las políticas migratorias y los derechos humanos de Estados Unidos, en un contexto donde la opacidad y las denuncias de maltrato siguen sin resolverse.
T/RNV