Un documento de las autoridades salvadoreñas entregado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, deslinda al país centroamericano de cualquier responsabilidad sobre los 252 migrantes venezolanos y cerca de 50 de otras nacionalidades trasladados irregularmente por Estados Unidos a la megaprisión del gobierno de Nayib Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El escrito, incluido en expedientes judiciales presentados este lunes por abogados de los afectados, afirma que «la jurisdicción y responsabilidad legal recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes», contradiciendo las declaraciones previas de ambos gobiernos.
Mientras el gobierno de Donald Trump asegura que los deportados están «fuera del alcance de los tribunales estadounidenses», el informe salvadoreño sugiere que EE. UU. sigue ejerciendo control sobre los venezolanos recluidos en el Cecot.
«El Salvador confirmó lo que ya sabíamos: Estados Unidos decide el destino de estos hombres que hoy languidecen en una prisión extranjera. Lo grave es que el gobierno ocultó esta información al tribunal y a la ciudadanía», denunció Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Por su parte, Skye Perryman*, presidenta de Democracy Forward, acusó a la administración Trump de «mentir al tribunal y al pueblo estadounidense».
Los migrantes fueron expulsados en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII que La Casa Blanca invocó para justificar su deportación masiva, alegando vínculos con el desarticulado Tren de Aragua, aunque ningún detenido ha sido judicialmente vinculado a la organización.
El acuerdo, que incluyó un pago de 6 millones de dólares a El Salvador por albergar a los migrantes, ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Mientras, el Departamento de Justicia de EE. UU. se negó a comentar las nuevas revelaciones.
La ONU, por su parte, sigue investigando el caso, que expone las fisuras en el debido proceso y los riesgos de externalizar la detención de migrantes.
T/RNV