El Senado de los Estados Unidos aprobó un ambicioso paquete fiscal y presupuestario impulsado por el presidente Donald Trump, otorgándole luz verde para intensificar su política migratoria con fondos récord.
La nueva ley, diseñada bajo el modelo del mandatario republicano, destina miles de millones de dólares a medidas que endurecerán el control fronterizo, aumentarán las deportaciones y encarecerán los trámites migratorios.
Grupos opositores, incluidos demócratas y algunos republicanos, denuncian que el proyecto representa un gasto sin precedentes en materia migratoria y advierten sobre un posible colapso en el sistema, con efectos “devastadores” para las comunidades migrantes y la economía estadounidense.
Más Detenciones, Más Deportaciones
La normativa inyectará más de 100 mil millones de dólares al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la seguridad fronteriza hasta 2029. Entre las partidas clave destacan: $46.500 millones para el muro fronterizo con México, incluyendo tecnología de vigilancia; $45.000 millones para centros de detención de migrantes, tanto para adultos como familias y $29.900 millones para contratar agentes, modernizar equipos y ampliar la capacidad operativa del ICE.
El gobierno proyecta reclutar 20.000 nuevos agentes, lo que, según el think tank conservador CATO, cuadruplicaría la población en centros de detención: de 50.000 a más de 200.000 personas.
Nancy Gupta, directora del American Immigration Council (AIC), alertó que esta medida generará “caos en las comunidades” y debilitará la seguridad pública. Según estimaciones del AIC, podrían registrarse hasta 116.000 arrestos diarios de migrantes y no ciudadanos.
Si se cumple el objetivo de deportar un millón de personas al año, cerca de 6 millones de trabajadores, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de nacidos en EE.UU., perderían sus empleos, según un informe del mismo centro.
Migración más costosa: Asilo, remesas y beneficios bajo ataque
La ley también impone nuevas barreras económicas, tales como: $100 por solicitud de asilo, un derecho internacional para quienes huyen de persecución; $550 por permiso de trabajo, ahora válido solo seis meses y 1% de impuesto a las remesas, golpeando a familias que dependen de este soporte.
Estados Unidos, el principal emisor de remesas del mundo según el Banco Mundial, busca con esta medida desincentivar el envío de dinero al exterior.
Además, se restringe el acceso de los migrantes a beneficios fiscales, una medida criticada por violar tratados internacionales de derechos humanos que EE.UU. ha exigido a otros países cumplir.
Organizaciones civiles y expertos señalan que estas políticas podrían “colapsar el sistema judicial migratorio” y aumentar la precariedad de miles de familias.
T/RNV