El Gobierno Bolivariano expresa su rechazo contundente a la reciente decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, que desestima el recurso de apelación interpuesto por Venezuela contra una sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado Venezuela I.
Así lo dio a conocer el canciller Yván Gil, en su cuenta en la red social X, en la que publicó “Venezuela rechaza la infundada decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, la cual responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido.”.
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— Yvan Gil (@yvangil) March 1, 2024
En el documento, Venezuela señala que en audiencia efectuada en noviembre pasado, quedó “demostrado que el proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
Indica que “esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos”, que han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por la justicia venezolana.
Asimismo, reitera que “como Estado soberano, tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas”, y reitera su firme compromiso con el estado de Derecho y la legalidad internacional.
A continuación, el texto íntegro del comunicado:
“La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el recurso de apelación interpuesto por el país contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado ‘Venezuela I’.
Durante la audiencia celebrada en dicha Sala de Apelaciones en el mes de noviembre de 20 desde hace algún tiempo, Venezuela ha trabajado estrechamente con la Fiscalía de la CPI para diseñar un programa de asistencia técnica orientado a seguir fortaleciendo las capacidades de las instituciones del Estado 23, quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido.
Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la Constitución.
Venezuela lamenta que, mientras el mundo observa con horror como el pueblo palestino es víctima de un cruento genocidio ante la inacción de la burocracia internacional llamado a impedirlo o detenerlo, la Corte Penal Internacional haya optado por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles para seguir adelante con acciones que claramente desnaturalizan su razón de ser y minan su credibilidad como organismo de justicia internacional.
La República Bolivariana de Venezuela reitera que, como Estado soberano, tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas. Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio soberano.
