Saab explicó, citado en una nota de prensa de la Defensoría del pueblo, que dicho convenio obedece a las casi 15 mil denuncias recibidas con relación a los servicios de salud prestados por las clínicas, así como por el comportamiento de las empresas de seguros en el país.
El Defensor indicó que las denuncias expuestas por los peticionarios en su mayoría tienen que ver con un aumento excesivo y desproporcionado de las tarifas, los cobros de servicios no disfrutados, la negativa de atención por parte de las clínicas, la resistencia a recibir usuarios de determinadas empresas de seguros, la solicitud de clave para el ingreso en los centros de salud privados, así como las largas esperas a las que son sometidas muchas de las personas y pacientes en las clínicas para poder ser atendidos.
«Lo más importante aquí es que salimos con un protocolo conjunto de actuación en esta materia», que permitirá salvaguardar los derechos de los venezolanos, afirmó Saab.
El Defensor del Pueblo explicó que el convenio comprende la formación y preparación del personal de las tres instituciones que permita un mejor trabajo articulado; la realización de inspecciones conjuntas para comprobar y exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones previstos en la ley de la actividad aseguradora, así como campañas de educación para dar a conocer los derechos de las y los usuarios y asegurados.
Entretanto, José Javier Morales, Superintendente de la Actividad Aseguradora, informó que se realizará una serie de inspecciones a clínicas con el fin de determinar los atropellos que se vienen haciendo contra los usuarios, así como una revisión de las tarifas en las clínicas, que por servicios que no están regulados por ley son colocados en la factura.
T/PrensaDefensoría/AVN
