El Ministerio Público abrió una investigación contra Fernando Javier Blasi-Blanchard, Magin Eduardo Blasi-Blanchard, Javier Leonardo Troconis, José Ignacio Hernández González y Luis Augusto Pacheco Rodríguez, involucrados en red criminal impulsada por Juan Guaidó, que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe.
Así lo develó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien además informó que también están involucrados en esta red destinada a robar activos del país en el exterior, la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por Jorge Reyes y Pedro Antar.
En este caso se presume la comisión de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir, tras haber designado a la Fiscalía 67ª Nacional para investigar los hechos conocidos a través de una noticia críminis, contra varios supuestos funcionarios del autoproclamado e inexistente gobierno interino sobre el cobro de sobornos para la firma de un contrato destinado a otorgarle poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami con le propósito de robar activos del país en el exterior y colocarlos al servicio de ese grupo de criminales.
Se pudo conocer que este consorcio presentó en 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien pretende usurpar funciones como Presidente de la República, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe, con la intención de que en contraprestación por sus servicios, obtuvieran el derecho de apropiarse del 18% de todo que pudiera ser despojado al Estado venezolano.
Asimismo, en las negociaciones los representantes de Guaidó solicitaron como soborno un pago por 750.000 dólares estadounidenses, para la adjudicación del mencionado contrato.
“Este es un nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela para el beneficio personal de unos cuantos apátridas que mientras se enriquecen hacen padecer al pueblo venezolano. Éstos son los mismos que han promovido sanciones para que la gente afronte dificultades para abastecerse de gasolina, alimentos u otros elementos esenciales. Han recorrido el mundo para buscar asfixiar e implosionar a la nación”, reprochó el Fiscal General de la República.
Detalló que todo apunta a que las firmas involucradas no son más que empresas de koala, utilizadas por los supuestos empresarios Reyes y Antar para hacer negocios de dudosa legalidad.
“Sobre ambos pesan graves acusaciones de actividades ilícitas en los EE.UU. y otros países. Uno fue sancionado por fraude a inversores y el otro aparece vinculado con una investigación por lavado de activos por exportaciones fraudulentas desde Ecuador a Venezuela utilizando el SUCRE”, precisó Saab.
También se pudo conocer que los falsos funcionarios habrían a su vez violado la legislación federal de los EE.UU., por tanto el Ministerio Público exhortó a las autoridades de ese país para que procedan contra ellos.
“Este supuesto gobierno interino fue puesto por Estados Unidos para incursiones armadas fallidas, para el sabotaje a la industria petrolera y el sistema eléctrico. Actúan para despojar todo lo que puedan conseguir para las transnacionales”, sostuvo.
Reiteró que el Ministerio Público asume como bandera la lucha contra la corrupción, especialmente aquella que vincula a funcionarios que se aprovechan de la posición que ocupan temporalmente para promover acciones que atentan contra la economía nacional y la democracia.
Ante estas acciones y la respuesta del Gobierno venezolano expresó el apoyo a la decisión del Estado anunciada este martes por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre la propuesta del único y legítimo gobierno de la República Bolivariana para los tenedores de títulos de Pdvsa y la Electricidad de Caracas con la finalidad de evitar que los inversores que legítimamente han adquirido estos papeles resulten afectados por las sanciones unilaterales que impone EE.UU. en contra del pueblo.
“Esta propuesta busca cumplir con los compromisos del país, a través del diálogo y el acuerdo con los poseedores de estos títulos de deuda. Hay un gobierno real, buscando alternativas a las sanciones y hay un gobierno ficticio dedicado al robo, extorsión, que cada día se hunde en el fango”.
Perfil de los involucrados
Fernando Javier Blasi-Blanchard: Director de Asuntos Comerciales de la írrita e ilegal Embajada de Venezuela en EE.UU. nombrada por Juan Guaidó.
Magin Eduardo Blasi-Blanchard: hermano de Fernando Javier Blasi-Blanchard y responsable material de llevar a cabo el cobro de los 750.000 dólares solicitados para la adjudicación del mencionado contrato.
Javier Leonardo Troconis: Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, nombrado ilegalmente por Juan Guaidó.
José Ignacio Hernández González: exprocurador nombrado ilegalmente por Juan Guaidó.
Luis Augusto Pacheco Rodríguez: presidente de una ficticia Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela nombrado ilegalmente por Guaidó.
Jorge Reyes y Pedro Antar: directores del Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, que presentó en 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional Juan Guaidó una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país.
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