Tribunal de Caracas privó de libertad a tres ciudadanos por estafa en caso Directv

El Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó medida privativa de libertad contra los ciudadanos Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, por la presunta comisión de los delitos de coautoría y estafa agravada en concurso real, información publicada en la red social Facebook del Tribunal Supremo de Justicia.

A continuación el texto completo del documento:

El Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó medida privativa de libertad a los ciudadanos Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, por la presunta comisión de los delitos de coautoría -de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal- para la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, previsto y sancionado en el artículo 462 numeral 2 y 88 del Código Penal; boicot, tipificado en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Precios Justos; desestabilización de la economía, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica de Precios Justos; y en relación al delito de asociación para delinquir de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 37 en relación con el artículo 4 numeral 8 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

De acuerdo a los hechos, el pasado 20 de mayo de 2020, la Sociedad Mercantil Galaxy Entertainment de Venezuela SCA, conocida con la denominación comercial de “DIRECTV Venezuela” realizó la suspensión abrupta de la prestación del servicio de televisión por suscripción en el territorio venezolano.

En consecuencia el mencionado Juzgado decretó la medida de privación preventiva de libertad en contra de los ciudadanos ya identificados en vista de que se llenan los extremos de los artículos 236 numerales 1,2 y 3; 237 numerales 2 y 3; 238 numeral 2 del Código Orgánico Procesal.

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